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La Mañana juicio

El parricidio va a Impugnación: el fallo y las costas bajo la lupa

El parricidio de Orlando Jara vuelve a ser motivo de debate. Mientras que la fiscalía pelea la absolución de Fernando, su defensa quiere que el Estado pague los gastos del proceso.

Por decisión de un tribunal de juicio, Fernado Jara fue absuelto por el atroz crimen de su padre, quien lo había atormentado a él y al resto de su familia por años. Los jueces consideraron que el joven actuó en defensa propia y que no vio otra salida, pero aún así la fiscalía insiste en la intención de dar muerte. Por otro lado, la defensa quiere que el Estado se haga cargo de todos los gastos generados por el proceso.

Según lo relevado por LM Neuquén, esta semana las partes presentaron dos recursos que llevarán la causa que tiene como protagonista al joven zapalino, ante Impugnación. Por un lado, el fiscal Marcelo Jofré no quedó satisfecho con el duro revés de los jueces, que descartaron su teoría rotundamente.

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Cabe recordar que se logró establecer durante el debate que el joven de 28 años asesinó a golpes, apuñaló y luego decapitó a su padre, Orlando, la mañana del 26 de enero de 2020, en el patio de la vivienda que compartía la familia, en el barrio Zona II de Zapala. Es que unas horas antes, el hombre había arribado a su domicilio amenazando con matar a sus hijos, a quienes atacó con un cuchillo.

A pesar de que la Policía intervino en ese momento, el hombre no fue detenido y las agresiones y amenazas continuaron. De hecho, prometió ir "por una .45" para matar a la familia. Por ello, al ver arribar un auto a la vivienda, su hijo mayor, Fernando, interpretó que el conductor llevaba el arma para su padre, y para evitarlo, lo mató.

El parricidio se encuadró en un contexto de extrema violencia familiar a la que eran sometidos el asesino, sus hermanos y la madre del joven, quienes a través de los años no recibieron el acompañamiento adecuado del Estado para salir de ese círculo.

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Aunque el fiscal insistió a lo largo del debate en un accionar "violento y deliberado" -y pidió la condena por homicidio-, dos peritos psicólogos del Poder Judicial manifestaron lo que dijo el equipo defensor a cargo de Gustavo Lucero y Silvina Fernández Mendaña: que Fernando actuó desde el miedo aprendido y no vio otra salida más que atacar a su padre para salvarse a sí mismo y a su familia. Por esto, los defensores requirieron la absolución por "necesidad exculpante".

Sin embargo, a la hora de resolver, los jueces opinaron de manera unánime que el hecho se encuadraba bajo la figura de legítima defensa, y fue por eso que dictaron la absolución.

"Yo ataco la errónea interpretación del articulo 34, incisos 1 y 6, que habla del error y de la legitima defensa, y que no tomaron en cuenta las circunstancias de atenuación que yo presente en el caso. El tribunal se apartó de ambos pedidos, del sobreseimiento y de la acusación, y resolvieron que el estado eminente de la legitima defensa se puede utilizar en cualquier momento", se explayó el fiscal Jofré.

Las costas, opinión dividida

Por otro lado, los defensores hicieron su propia presentación para que se reconsidere la responsabilidad de afrontar las costas del proceso, que a su juicio corresponden absorber al Estado, tal cual lo indica el principio de derrota. Sobre este punto, mientras que la jueza Carolina González fue la única en votar a favor de esto, sus colegas, Diego Chavarría Ruiz y Bibiana Ojeda, votaron por imponer las costas por su orden: es decir, que cada parte se haga cargo del gasto que le corresponde.

"Esto podría generar un precedente en tema costas. Parece lo menos protagónico pero es muy importante, porque se decide si el Estado debe hacerse cargo en aquellos casos que no debiera llevar a juicio", explicó Gustavo Lucero a este medio. Y agregó: "Más allá de que todos somos falibles, particularmente en esta causa, ya se sabía como venía la mano. Antes del juicio, con lo que dijeron los psicólogos, ya no se podía acusar por homicidio deliberado. El juicio era una etapa evitable, pero no se quiso asumir el costo de cerrar la causa".

Asimismo, señaló como agravante la ausencia del Estado en la situación crítica y de alto riesgo en que se encontraba la familia producto de la violencia a la que eran sometidos, que a lo largo de los años nunca recibieron ayuda concreta para salir de ese círculo.

La audiencia ante el nuevo tribunal se llevará a cabo el próximo viernes 26 de marzo.

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