Hotesur: la UIF pidió elevar la causa a juicio oral

En la causa por lavado de dinero están acusados Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.

Buenos Aires. La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ayer, en su posición de querellante, la elevación a juicio oral del caso Hotesur, en el que están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial.

El juez Julián Ercolini recibió un escrito de unas 200 páginas de la oficina a cargo de Mariano Federici y María Eugenia Talerico para que el caso se eleve a juicio oral. En los próximos días, presentará un escrito similar la querella de la Oficina Anticorrupción. Es en sintonía del dictamen presentado en diciembre por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques para mandar a juicio a 18 imputados. Luego, será el turno de las defensas.

Te puede interesar...

En el escrito, los responsables de la UIF sostuvieron que en el caso Hotesur es una de las causas en la que habría quedado en evidencia “una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público”.

18 imputados

Además de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, el empresario Lázaro báez está acusado en la causa de Hotesur. a su vez, hay otros 14 implicados que podrían ser mandados a juicio oral. Desde la uiF aseguraron que “es una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos”.

Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, con 2 millones de dólares que el entonces ex presidente compró en los días de mayor tensión en el mercado financiero a causa de la crisis en la que el precio se depreciaba y fugaban las divisas. La empresa administra los hoteles de Cristina Kirchner y su familia, incluido el Alto Calafate, el hotel de lujo que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones. El empresario patagónico garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.

La causa penal comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia que hizo la ex diputada Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Fuente:

¿Qué te pareció esta noticia?

Noticias Relacionadas

Deja tu comentario


Lo Más Leído