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Impuesto a la Riqueza: cuántos argentinos pagaron y cuánto se recaudó

Sin embargo, unos 200 contribuyentes iniciaron acciones judiciales y muchos otros no presentaron las declaraciones

Luego de que venciera el plazo para que los grandes contribuyentes paguen el impuesto a la riqueza, la AFIP informó que el 80% de los contribuyentes alcanzados pagaron el tributo extraordinario. Sin embargo, unos 200 contribuyentes iniciaron acciones judiciales y muchos otros no presentaron las declaraciones.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que “la mayoría de los contribuyentes alcanzados cumplieron con su obligación y los recursos generados serán fundamentales para enfrentar las urgencias sanitarias y económicas de la pandemia".

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La funcionaria precisó que “$130.000 millones, es decir el 58% de los fondos totales, ingresarán a través del Plan de Facilidades de Pago”. También informó que se iniciaron “fiscalizaciones integrales” contra los contribuyentes que no pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario. "Ya se notificó el inicio de fiscalizaciones integrales a muchos contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el Aporte”, señaló.

"Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada", informó la AFIP.

El organismo recaudador ya había avisado que tenía previsto fiscalizar a 1.200 contribuyentes que buscarían evadir el pago del impuesto omitiendo declarar Bienes Personales para ocultar sus ingresos. Cuando se reglamentó el impuesto, la AFIP había comenzado a investigar 2.500 casos, de los cuales la mitad subsanaron la situación presentando la declaración jurada de Bienes Personales adeudada. Contra los 1.200 restantes se iniciarán denuncias penales por evasión agravada si no hacen el pago.

Facilidades y juicios

Luego de pedidos de varios contadores, la AFIP aceptó hace unos meses otorgar facilidades de pago a quienes deban abonar el Aporte Solidario y Extraordinario. El organismo había informado que los alcanzados por el impuesto podrían optar por hacer un anticipo del 20% y luego cancelar el saldo en cinco pagos mensuales consecutivos, a una tasa de financiación de los intereses resarcitorios convencionales.

Según la AFIP, para adherir a las facilidades de pago “es requisito concretar el anticipo del 20% de la deuda consolidada” y “las cinco cuotas restantes se abonarán el 16 de cada mes a partir del mes siguiente de concretado el pago inicial”. El plazo para presentar la declaración jurada venció el 30 de marzo y no se podrá rectificar.

Sin embargo, más allá de las facilidades otorgadas y el buen cumplimiento que pareció tener el impuesto, muchos especialistas aún esperan una importante cantidad de pedidos de recursos de amparo por las contradicciones que genera la ley. Algunos hablan incluso de una rebelión fiscal, especialmente en el campo, y ya hubo varios empresarios que incluso se descapitalizaron para bajar el peso del impuesto, que varía entre 2% y 3,5%.

Entre las estrategias judiciales posibles, una es presentar una nota a la AFIP exponiendo los fundamentos, esperar una resolución de oficio, e ir al Tribunal Fiscal de la Nación. Otra es presentar medidas cautelares ante la Justicia, algo que congelará el pago hasta la sentencia definitiva. Y la tercera alternativa es pagar el impuesto y presentar un recurso administrativo que seguramente será denegado, para luego recurrir a la Justicia. Los fundamentos en las tres alternativas responden a la violación de determinados principios tributarios y constitucionales.

Por su parte, un tecnicismo en una resolución del ministerio de Economía le servirá al Gobierno para bloquear uno de los argumentos de quienes planean judicializar el pago. La cartera económica publicó la resolución 22/2021, que establece que los ingresos provenientes del impuesto deben computarse como un “ingreso no tributario” en la contabilidad del sector público.

En un principio, la Secretaría de Hacienda había establecido que los ingresos se registraran dentro de una cuenta tributaria, reconociéndole un carácter de impuesto al pago y otorgando así un argumento fuerte a quienes irán a la Justicia para oponerse al pago. Para algunos tributaristas, la resolución de Economía no bloquea la vía judicial pero da más argumentos para considerar que no es un tributo, por lo cual no podría ser aplicable el régimen penal tributario.

El impuesto

El Aporte Solidario y Extraordinario alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en Argentina y el exterior, y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que superen los $ 200 millones.

El impuesto abarca a unas 13.000 personas, que deberán abonar por única vez el 2% de sus patrimonios si declaran bienes por más de $ 200 millones, 2,25% entre $ 300 y $ 400 millones; 2,50% entre $ 400 millones y $ 600 millones; 2,75% de $ 600 millones a $ 800 millones, 3% entre $ 800 millones y $ 1.500 millones, 3,25% de $ 1.500 millones a $ 3.000 millones, y 3,5% para más de $ 3.000 millones.

Los bienes deberán ser valuados según las normas de Bienes Personales. Aquellas personas humanas de nacionalidad argentina que tengan domicilio o residencia en "jurisdicciones no cooperantes" o "jurisdicciones de baja o nula tributación" serán considerados sujetos residentes.

La Ley 27.605, aprobada en diciembre, había fijado que los montos recaudados se utilizarían para financiar gastos relacionados con el impacto de la pandemia en la economía. Ahora, la AFIP detalló que un 20% de estos recursos (alrededor de $ 45.000 millones) se destinará a la compra y elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos crítico spara la prevención y asistencia sanitaria.

Una suma similar se transformará en subsidios para las pymes, con el principal objetivo de sostener el empleo, otro 20% reforzará las Becas Progresar, y un 15% ($ 33.000 millones) será para mejorar las condiciones habitacionales en los barrios populares, y un 25% para financiar programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

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