Las empresas de telefonía, internet y televisión por cable sólo pueden aumentar el 5%

El gobierno nacional autorizó un aumento de hasta un cinco por ciento para las tarifas de servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable a las empresas de telecomunicaciones, tras la negociación del Enacom con las grandes compañías prestadoras, que debieron cumplir hasta diciembre pasado con un congelamiento obligado respecto al servicio que cobraban, a partir de un decreto del Ejecutivo. A su vez, la suba se autoriza hasta el 8% para pymes y cooperativas.

La información fue dada a conocer por el delegado local del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Mauricio Guajardo, luego de una reunión que mantuvo esta mañana con el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, y los equipos de las áreas de defensa del consumidor y conciliación de ese organismo.

De acuerdo a los reclamos recibidos en la Defensoría del Pueblo, en las facturas con vencimiento en enero de 2021, se han registrado aumentos de hasta el 20%. Por ello, el organismo aconsejó a los consumidores y usuarios que reclamen ante la empresa su rechazo al exceso en el aumento, dado que no está autorizado.

El plazo legal que los clientes tienen para efectuar el reclamo es hasta el día de vencimiento de la factura que contiene el aumento. Para eso, deben manifestar expresamente el rechazo a través de las vías de atención de la compañía (página web, correo electrónico, app, 0-800) y solicitar el número de reclamo. En la factura siguiente, el consumidor deberá observar el reintegro, descuento o devolución por los ítems cuestionados.

Respecto a la Prestación Básica Universal (PBU) anunciada recientemente por el gobierno nacional, el delegado del Enacom indicó que en la página web del organismo se encuentran publicados los requisitos para su tramitación (https://www.enacom.gob.ar/institucional/como-tramitar-la-prestacion-basica-universal-y-obligatoria--pbu-_n2964). En ese sentido, explicó que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) estableció abonos básicos que las empresas prestadoras deberán brindar a los usuarios que lo soliciten, siempre que pertenezcan al listado de beneficiarios allí detallado.