El régimen chavista detuvo a todo el equipo de campaña de la opositora Corina Machado. La ONU denunció que el gobierno “reactivó su represión más violenta”.
El régimen de Nicolás Maduro lanzó nuevamente una ola de detenciones contra opositores, profundizando así la autocracia en el país caribeño. En este caso fue contra todo el equipo de campaña de la principal líder rival, María Corina Machado, quien denunció la grave situación en las redes sociales.
A esto se agrega un lapidario informe de la misión de la ONU en Caracas, que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde remarca que el chavismo reactivó “la modalidad más violenta de represión”.
Maduro convocó a elecciones para el domingo 28 de julio de este año, en un proceso absolutamente viciado, donde los candidatos opositores están presos, proscriptos o tuvieron que exiliarse.
Las negociaciones que se habían establecido en Barbados, con intervención de Estados Unidos y Europa, para tratar de lograr elecciones transparentes se vieron amputadas por el régimen, que ante el crecimiento en las encuestas de la dirigencia opositora prefirió eliminar toda posibilidad de una derrota.
Las detenciones lanzadas ayer son una muestra de ello. Las fuerzas de seguridad apresaron a Henry Alviarez, Coordinador Nacional de Organización del comando de campaña de Corina Machado, y a Dignora Hernández, coordinadora política.
También se emitieron órdenes de captura “contra varios otros miembros del Comando Nacional, incluyendo a mi Jefe de Campaña, Magalli Meda”, dijo Machado, y agregó: “Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia”.
Represión y violencia
La presidenta de la misión de la ONU en Caracas, la portuguesa Marta Valiñas, presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un nuevo informe sobre abusos cometidos por Maduro desde 2023, donde destacó que "las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno".
El trabajo del organismo destaca que el régimen venezolano está "reactivando la modalidad más violenta de represión", con una nueva ola de detenciones a opositores acusados de supuestas conspiraciones como la llamada Operación Brazalete Blanco.
En este periodo, indicó, se ha pasado de una fase menos represora de la oposición, en la que el régimen se limitaba a crear "un clima de temor e intimidación", a un periodo más violento "que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio".
Valiñas resaltó en este sentido que en enero de 2024 Maduro pidió "activar la Furia Bolivariana" tras asegurar que el año anterior se habían desactivado cuatro conspiraciones para asesinarle u organizar golpes de Estado.
Utilizando la excusa de la “Operación Brazalete Blanco”, una de las supuestas tramas para acabar con la vida de Maduro, se degradó y expulsó a 33 militares y se detuvo a diferentes críticos con el régimen.
Entre ellos, recordó, líderes de campaña del partido Vente Venezuela, la formación de Corina Machado, y defensores de derechos humanos como Tamara Suju, Sebastiana Barráez o la hispanovenezolana Rocío San Miguel.
Valiñas subrayó que San Miguel, detenida el 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía sin orden judicial, estuvo en paradero desconocido durante cinco días "hasta que las autoridades informaron de que se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la misión".
Otra integrante de la misión de la ONU, la argentina Patricia Tappatá, explicó que junto a San Miguel han documentado casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en "conspiraciones" para derrocar al gobierno.
A esto se agregan las órdenes de detención contra 14 personas, entre ellas destacados líderes opositores como Juan Guaidó y Leopoldo López, por su presunta vinculación con una conspiración contra el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba, celebrado el 3 de diciembre.
Hay que recordar que en febrero pasado, poco después de que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresaran su preocupación por San Miguel, el gobierno venezolano suspendió las actividades de la misión técnica del organismo y dio a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país.
Negociaciones frustradas y comicios sin garantías
Valiñas recordó que en los seis meses analizados por la misión se logró firmar en Barbados un acuerdo entre gobierno de Maduro y la oposición para que ésta pudiera concurrir a las elecciones del 28 de julio de este año.
Sin embargo, al ver que crecía la oposición en las encuestas, el régimen prefirió lanzar una serie de medidas para trabar el proyecto.
La presidenta de la misión puso como ejemplo la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de las primarias de la oposición del 22 de octubre, ganadas por amplia mayoría por María Corina Machado, y la ratificación por la misma instancia de justicia de su inhabilitación política de 15 años.
"Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", subrayó Valiñas.
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