Jury a la jueza denunciada por maltrato: declaran admisible la denuncia y piden su suspensión

El proceso de enjuiciamiento contra la jueza Andra Di Prinzio entró en una nueva y decisiva etapa. La Comisión Especial reconstituida tras la anulación del dictamen anterior se reunió este último lunes y resolvió por unanimidad declarar admisible la denuncia por mal desempeño, habilitar la apertura del jury ante el Jurado de Enjuiciamiento y solicitar la suspensión preventiva de la magistrada del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Junín de los Andes.

El caso tiene idas y venidas porque la anterior comisión especial, que es la encargada de filtrar la denuncia, la había declarado inadmisible. Pero fue revocada, para el tratamiento de una nueva comisión.

Ahora la Comisión quedó presidida por el fiscal general José Gerez en calidad de subrogante, e integrada por el diputado por la Neuquinidad Francisco Lépore y la abogada Cecilia López. La decisión fue unánime.

El jury a la jueza Di Prinzio se activó luego de que una comisión especial admitiera la denuncia.

El dictamen identificó 16 cargos que, según las fuentes judiciales consultadas, configurarían prima facie causal de mal desempeño en los términos del artículo 267 de la Constitución Provincial.

Jury a la jueza: denuncias que tienen que ser comprobadas

Entre los hechos descriptos se encuentran un patrón sostenido de violencia y maltrato laboral hacia agentes, funcionarios y abogados del juzgado, ejercido desde aproximadamente 2015. Todas esas denuncias deben ser acreditadas y comprobadas.

Se denunciaron represalias sistemáticas contra empleados que solicitaban traslados o se postulaban a concursos; maltrato reiterado hacia el personal de las Oficinas de Violencia de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, con expresiones como "trabajan para la mierda" y "son inútiles"; hostigamiento hacia integrantes del Equipo Interdisciplinario; descalificaciones personales hacia funcionarias, incluyendo el uso de términos como "hormigas esclavas", "cucaracha" y "traidora"; y expresiones reiteradas de la propia magistrada transmitiendo la convicción de que ninguna denuncia podría afectarla, con frases como "yo estoy protegida" y "a mí no me van a hacer nada".

El dictamen también destacó un episodio en el que Di Prinzio se habría aproximado físicamente a una funcionaria en un pasillo, le apoyó dos dedos en el pecho y la empujó levemente mientras le advertía que, si alguien debía "caer", no sería ella. El episodio denunciado describe que fue frente a testigos mientras la magistrada aguardaba el inicio de una audiencia.

Respecto a la suspensión preventiva solicitada, la Comisión aclaró que no se trata de una sanción anticipada, sino de una medida cautelar.

Argumentó que la eventual reincorporación de Di Prinzio al juzgado donde muchos de los declarantes aún prestan servicios podría generar temor, afectación emocional y un retroceso en el proceso de recomposición institucional que el propio Poder Judicial viene impulsando.

Sejun, el gremio de los judiciales en Neuquén, está detrás de las denuncias contra la jueza.

La decisión final sobre la suspensión queda en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá ratificar o no ese criterio.

El diputado Lépore, en un voto concurrente, aprovechó el dictamen para plantear la necesidad de reabrir el debate sobre la evaluación periódica del desempeño de magistrados, señalando que casos como éste evidencian que la falta de instancias de seguimiento institucional puede permitir que problemas organizacionales graves se prolonguen durante años sin ser detectados.

¿Quiénes componen el Jurado de Enjuiciamiento?

Las actuaciones pasan ahora al Jurado de Enjuiciamiento, integrado por los vocales del TSJ Gustavo Mazieres, Roberto Busamia y Alfredo Elosu Larumbe, los legisladores Ludmila Gaitán y Matías Martínez, y las abogadas Stella Maris Petri y Cintia Cid, que deberá resolver la apertura del juicio y la suspensión de la magistrada.