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Nahueve: "Si el Estado no tiene una política seria, va a terminar en una batalla campal"

La diputada provincial Soledad Salaburu recurrirá a la Justicia ante el "violento desalojo sin orden judicial" sobre Juan Sepúlveda, a metros de la construcción de la cuestionada represa.

Tras el desalojo del pasado jueves que dejó en la calle a Antonio Sepúlveda, uno de los crianceros en conflicto en Villa Nahueve, la diputada provincial por el Frente de Todos Soledad Salaburu señaló que recurrirá a la Justicia para que se les restituya la tierra. La legisladora dijo que “sin orden judicial” y en nombre de la Comisión de Fomento se los sacó “violentamente” de sus tierras que ocupan desde 1940.

Salaburu aclaró que no se dio cumplimiento al decreto que en 2016 firmó el gobernador Omar Gutiérrez sobre el poder de esas tierras en nombre de la familia y sostuvo que el Estado nunca efectivizó la entrega, ni llevó a cabo la mensura para delimitar la tierra.

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En ese sentido, explicó que, en función de esta situación, la Comisión de Fomento construyó unas viviendas en las tierras de Sepúlveda, que éste ocupó cuando se le restituyeron su lote. “Se quedó viviendo en esa casa hasta el jueves cuando lo desalojaron personas enviadas por el presidente de la Comisión de Fomento, Carlos Burgos. Sepúlveda es un señor mayor que vive con un hijo y nietos”, señaló.

La diputada, que este domingo estuvo con la familia en Villa Nahueve, dijo que estas personas rompieron el candado de la tranquera, y le sacaron sus pertenencias “a patadas sin orden judicial”.

Salaburu indicó que, al desalojarlos, ubicaron a una familia con menores. "Ellos no quieren confrontar porque son vecinos que tienen necesidades. Nadie dio una explicación. Es gravísimo lo que sucedió", destacó.

Según, el relato de la legisladora lo único que les dijeron es que la casa no era de su propiedad sino de la Comisión de Fomento. "El tema es que esta instancia se genera desde la ilegalidad”, agregó la disputada y manifestó que volverá en unos días para recurrir a la fiscalía general para que intervenga.

La familia Sepúlveda quedó en un colectivo contiguo a la casa de donde fueron desalojados y a unos cien metros donde se está construyendo la represa de Nahueve.

“Tiene que haber una instancia de resolución. Respecto a la familia que está ahora viviendo en la casa, será la Justicia la que deba resolverlo. Tiene que haber un acercamiento pacífico, debería acercarse al lugar un funcionario judicial”, estimó.

Agregó que en la zona aumentó el valor de la tierra por la obra pública que está llevando una empresa contratada por el Estado, lo que ocasionó un incremento del valor inmobiliario, y se suceden estos episodios. “Debe haber una política de Estado seria sino va a terminar en una batalla campal que se puede evitar”, cerró la legisladora.

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