Desalojo en Centenario: "Vayan las chicas con los bebés, que nosotros vamos a caer en cana"

El caso de la toma La Familia, que se levantó hace dos semanas en la meseta de Centenario, empieza a tener ribetes más complejos. Los vecinos aseguran que las tierras son fiscales pero, por el contrario, la Policía rodea el asentamiento por una orden judicial de desalojo.

El clima llegó a una tensión máxima en estos días cuando los vecinos denunciaron que les tiraron abajo las casillas donde estaban instalados.

“Lleven las chicas con los bebés, nosotros vamos a caer re en cana si vamos”, dijo uno de los integrantes de la toma, en un video que se difundió al momento en que llega un patrullero al lugar.

En el medio, el pasado lunes se supo que hubo una reunión entre las familias con el intendente Esteban Cimolai, pero no hay precisiones sobre el destino que tendrán esas tierras, ubicadas en calle Córdoba al fondo, donde se asentaron unas 70 familias.

De acuerdo con la información que pudo obtener LMN, el conflicto viene por las herederas de María Villar con un pedido de escrituración, la dueña de un puesto en la meseta, que abarcaría tierras de la toma.

Pero hay otra versión que indica que parte de esas tierras serían fiscales, y es en la que se apoyan los vecinos que están ocupando las tierras.

Centenario: un conflicto tras un cambio de gobierno

La toma de tierras ocurre justo en un momento político crucial, como lo es una transición de gobierno, y ha sido una situación común en la historia de Centenario. En 2007, se articuló la “toma VIP” en los alrededores del autódromo, en lo que hoy es el barrio Primero Pobladores.

En su momento, cientos de familias habían ocupado tierras, luego de que el MPN perdiera las elecciones luego de décadas de gobierno, frente al ex tres veces jefe comunal del PJ, Javier Bertoldi. Ahora ocurrió algo similar, aunque en menor escala durante la transición entre Bertoldi y Cimolai.

Una de las soluciones a la falta de tierras se dio a partir de 2013, con la instalación de más de 50 cooperativas, mutuales y sindicatos, que pagaron la tierra a un precio módico fiscal (en su momento eran 100 pesos el metro cuadrado), pero nunca se llevaron adelante los servicios. Sólo una parte de esas entidades pudo hacerlos, pero la mayoría de los lotes permanecen deshabitados y muchos se han vendido a precio inmobiliario.