Después de ficha limpia, Figueroa va por más medidas de "tolerancia cero a la corrupción"
Son complementarias de lo que ya envió a la Legislatura y lo que fijó por decreto en cuanto a que los funcionarios deben presentar una declaración jurada de sus patrimonios.
El gobernador Rolando Figueroa tiene en carpeta una serie de medidas complementarias que se sumarán al proyecto de ley de ficha limpia enviado a la Legislatura y al decreto para que todos los funcionarios de la administración pública presenten la declaración jurada de sus patrimonios.
Según indicaron fuentes cercanas al gobierno provincial, el Ejecutivo se encuentra en la elaboración de otro proyecto de ley que será remitido en breve a la Cámara, en línea con la “política de tolerancia cero a la corrupción”, dentro de la administración pública.
Se trata de la actualización de la ley 5, de Declaración Jurada de Patrimonio, y se relaciona con el decreto firmado por Figueroa que establece que todos los funcionarios públicos alcanzados por esta norma deberán presentar sus declaraciones juradas en un plazo de 30 días hábiles, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. En caso de que no lo hagan en los plazos previstos se les retendrá los haberes y tampoco podrán tomar posesión del cargo.
Vieja norma
La ley 5 data de 1958 y lo que buscará el Gobierno es adecuarla, a través de una nueva valoración contable sobre lo que los funcionarios públicos deberán declarar. Se supo que en esas modificaciones está trabajando el equipo económico de la provincia que conduce el ministro de Economía Guillermo Koenig.
En lo que refiere al proyecto de ficha limpia anunciado ayer, se elaboró tomando algunos aspectos de lo que habían presentado como iniciativas al menos dos de los partidos que conforman el frente Neuquinizate. “La norma es superadora, por ejemplo, en lo que tiene que ver con que si alguien es electo y en el transcurso de su asunción es procesado, no podrá asumir en el cargo”, se indicó.
La ley
El proyecto de ley que Figueroa envió para su tratamiento busca que las personas con antecedentes penales, condenas o causas judiciales en marcha no puedan ser candidatos/as a cargos representativos como así tampoco designados/as para integrar el gobierno provincial.
Para ello se plantea modificar el artículo 68 del Código Electoral de la Provincia del Neuquén, de forma que no podrán ser candidatos para cargos representativos los imputados contra quienes exista resolución judicial de prisión preventiva, condenados por delitos dolosos comunes o federales; condenados por delitos de tráfico de estupefacientes, condenados por delitos del Régimen Penal Tributario previstos en la Ley Nacional 27.430, deudores al fisco condenados al pago, en tanto no sea este satisfecho, deudores alimentarios morosos; y quienes estén inscriptos en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.
Tampoco podrán postularse quienes hubiesen sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución (caso de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz), remoción e inhabilitación del cargo o la función pública; y las personas comprendidas por causales previstas por leyes especiales.
Aplicación
Al momento de ser presentadas las listas de candidatos para su oficialización, el proyecto de ley señala que el postulante debe acreditar no estar comprendido en alguna de las causales de inhabilitación previstas mediante declaración jurada y presentación de certificado de Libre Deuda Alimentaria, certificado de no inscripción en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género y Certificado de Antecedentes Penales provincial y del Registro Nacional de Reincidencia, o informe que en su futuro lo reemplace.
La norma que se busca sancionar prevé también que no se podrá proclamar a quienes, con posterioridad a resultar electos, se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos del Artículo 68. Tampoco podrán ser designados en cargos como ministros, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes, vocales, coordinadores ni directores provinciales, entre otros.
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