El Gobierno saca un conejo de la galera en nombre de la democracia

La Legislatura provincial sacó un conejo de la galera (por no decir un arma) que tenía guardado en nombre de la democracia. Aprobó la Ley de Consulta Popular, un mecanismo que está hace casi 20 años en la Constitución Provincial, en medio de una tensión política con temas de actualidad.

Es que mientras algunos celebran la posibilidad de que la ciudadanía participe de manera más directa en decisiones públicas, otros alertan sobre los peligros que podría acarrear: especialmente en temas polémicos y de gran impacto, como la educación y el reciente conflicto con ATEN.

La opinión popular impacta sobre el sesgo de confirmación de la sociedad, poniendo a buenos y malos sobre un lado y otro de la grieta, alimentando por el motor de las redes sociales, que es casi el único espacio público de debate masivo, donde todo es un griterío.

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El gobierno quiere darle un corte al conflicto docente y desempolvó un proyecto que pone en tensión a ATEN.

Sebastián Fariña Petersen

En ese espacio hay de todo, y la desinformación y las rivalidades pueden instalar y desactivar cualquier tema que requiere mayor análisis, como la edad de punibilidad de los menores en delitos, la pena de muerte u otros extremos.

El Gobierno no quiere líos

Pero para no ir tan lejos, en la provincia, el conflicto entre ATEN y el gobierno, respecto a la ley de adicional por presentismo y la asistencia de los docentes (sobre todos las licencias de las licencias) a clases generó un debate, que va desde las reacciones más arcaicas, a la necesidad de resolver este problema que trunca la educación pública.

Uno de los puntos más controversiales que ha surgido con la implementación de este sistema de consulta popular, precisamente, su potencial uso en cuestiones que requieren un análisis profundo y especializado: una de ellas es la calidad y el acceso a la educación. Librar ese tema a un "sí o no" de la opinión pública es reducirlo al fango.

Dentro de este debate, una de las preocupaciones más latentes es la posibilidad de que se proponga declarar a la educación como "servicio esencial".

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Las asambleas de ATEN Capital es la más multitudinaria de la provincia y puede definir las medidas a seguir.

Claudio Espinoza

Esta etiqueta, que ya ha sido sugerida en otras instancias del país, implicaría restringir el derecho a huelga de los docentes, lo que generaría ir a la guerra directa nuevamente con los sindicatos.

La educación es un derecho que trasciende generaciones y que debe ser tratado con sumo cuidado. Declararla "servicio esencial" podría parecer, a primera vista, una solución rápida a los problemas de paros y conflictos gremiales que muchas veces afectan el ciclo escolar.

Sin embargo, este tipo de decisiones podría erosionar uno de los pilares fundamentales del sistema educativo: el derecho de los trabajadores a defender sus condiciones laborales.

Nadie afloja

ATEN ha jugado un papel crucial en la lucha por mejores salarios, condiciones laborales dignas y una educación de calidad.

Quitarles la posibilidad de negociar a través de medidas de fuerza como la huelga podría desequilibrar el sistema, debilitando la voz de los docentes y favoreciendo políticas más restrictivas. Pero tampoco nadie afloja y el ausentismo es un problema que impacta en las familias con menor acceso a la educación. Y nadie parece tener la voluntad de resolverlo.