Estafa con planes sociales: mantienen el embargo a los imputados

Un tribunal revisor confirmó la decisión de la jueza de Garantías Carina Álvarez en la que prorrogan por el plazo de ocho meses el embargo y la inhibición de bienes para los imputados por la estafa con planes sociales, que implicó una millonaria defraudación al Estado provincial de Neuquén.

El tribunal revisor determinó que la solicitud de la jueza es conforme a derecho, es razonable, no es arbitraria y respeta el principio de interpretación sistemática, dispone la cautelar para asegurar las consecuencias causadas por el delito. Por lo tanto, confirmaron su pedido y los bienes de los imputados seguirán bajo embargo por otros ocho meses.

Los jueces consideraron que, en un caso de defraudación al Estado en una cifra aproximada de 153 millones de pesos, hace falta imponer medidas cautelares que no comprometan la investigación.

Ahora, los defensores tienen un plazo de 10 días para solicitar la impugnación y revisar esta medida, en el caso de que busquen que se dé marcha atrás con la decisión.

El lunes 27 de noviembre la jueza de garantías Carina Álvarez había convalidado una prórroga por ocho meses solicitada desde la unidad fiscal de Delitos Económicos.

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Sebastián Fariña Petersen

De esta esta manera, se extendieron los tiempos previstos a mediados de noviembre por el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, quien había manifestado -en diálogo con Radio Nacional- que en función a los tiempos que lleven informes periciales consideraban la posibilidad de elevar el caso a juicio en dos o cuatro meses.

Para sostener la prórroga del plazo de la investigación, el fiscal del caso dio detalles de lo realizado hasta el momento y de las medidas que resta llevar a cabo. Entre ellas se encuentra una pericia informática inconclusa que requiere de la apertura del 50 por ciento de los dispositivos secuestrados y un análisis posterior de la información que se extraiga.

Luego de que la jueza Estefanía Saulí extendiera por seis meses la prisión preventiva de Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna al considerar que su libertad o detención domiciliaria constituye un riesgo de entorpecimiento para la investigación de las estafas o maniobras de corrupción con planes sociales, este martes el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, contó cómo continuará el proceso que sacude al Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén y anticipó cuándo podría comenzar el juicio oral.

"El plazo de la investigación vence el 29 de noviembre de este mes. Estamos casi culminando la investigación, lo que resta es una gran pericia informática y contable que lleva su tiempo por la cantidad de equipos que hemos secuestrado. Ya nos han informado que no llegaremos para el 29 de noviembre, así que vamos a pedir una prórroga de la investigación", planteó en primer término Narváez, en diálogo con Radio Nacional.

Acto seguido, comentó: "Dependemos mucho de la información de los peritos para ver si de acá a dos o cuatro podríamos elevar el caso a juicio y que este se pueda fijar a principios del años que viene". "Ahora se nos viene la feria", advirtió haciendo alusión al receso estival de los judiciales.