Gloria Ruiz, del complot denunciado y archivado al fallo que la condenó a pagar $5 millones

A fines de 2024, Gloria Ruiz llevó a la Justicia una denuncia de enorme gravedad. Habló de “asociación ilícita, corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, lavado de activos y de una maniobra que había sido organizada para apartarla del cargo de vicegobernadora de Neuquén”.

La presentación involucró a funcionarios, legisladores y otras personas a quienes Ruiz colocó dentro de una supuesta estructura que habría actuado para desplazarla del poder. Entre los denunciados estaban los diputados provinciales Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lepore, Claudio Dominguez, Carina Riccomini; integrantes del gabinete provincial, Tania bertoldi, Julieta Corroza, Lucas castelli, Matias Nicolini, Rubén Echeverry; y el actual Presidente de CALF Marcelo Severini.

Era diciembre de 2024. Neuquén atravesaba uno de los momentos de mayor tensión política desde el inicio de la gestión del gobernador, Rolando Figueroa. Ruiz había sido separada preventivamente de su cargo por la Legislatura y llevó a la Justicia la hipótesis de que “detrás de aquella decisión existía algo mucho más grande que una resolución política e institucional”.

La denuncia llegó inicialmente al fuero federal y luego fue derivada a la Justicia provincial. El 18 de diciembre de 2024, el fiscal del caso Diego Azcárate resolvió archivarla.

Sebastián Fariña Petersen

La decisión no estuvo vinculada solamente con una discusión de competencia. Al analizar la presentación, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que se habían mencionado una extensa cantidad de delitos sin describir qué hecho concreto podría atribuirse a cada una de las personas denunciadas.

Según explicó el fiscal,” la presentación hacía referencia a supuestos delitos contra la administración pública provincial, pero no individualizaba las acciones que permitieran sostener una investigación penal”. En otras palabras, había acusaciones de enorme gravedad, pero faltaba la descripción de los hechos que permitiera avanzar judicialmente contra los señalados.

También fue analizado uno de los puntos centrales planteados por Ruiz: la idea de que la Resolución 1219 de la Legislatura, mediante la cual había sido separada preventivamente del cargo, formaba parte de esa supuesta maniobra.

Gloria Ruiz protagonizó uno de los más grandes escándalos políticos de la historia.

Para la fiscalía, aquel acto “se encontraba dentro de las atribuciones institucionales de la Legislatura y no existían elementos en la denuncia que permitieran convertir esa decisión política en la evidencia de los delitos que Ruiz afirmaba que se habían cometido".

La causa fue archivada, la historia judicial, sin embargo, no terminó allí.

Severini y la demanda

De todas las personas alcanzadas por aquella presentación, hubo una que decidió avanzar por otra vía.

Marcelo Severini fue el único de los denunciados que inició una demanda por daños y perjuicios contra Gloria Ruiz, y obtuvo un fallo favorable.

El Juzgado Civil N°4 de Neuquén hizo lugar a su demanda y condenó a Ruiz a “indemnizarlo con cinco millones de pesos por el daño moral provocado por la denuncia penal y por su posterior difusión pública”.

La sentencia consideró que, “en el caso de Severini, la presentación no describía un hecho concreto que pudiera serle atribuido” y encuadró la conducta de Ruiz dentro de la figura de “acusación calumniosa prevista en el artículo 1771 del Código Civil y Comercial”.

También ordenó que la sentencia sea publicada a costa de Ruiz "en los diarios Río Negro y La Mañana de Neuquén y en sus redes sociales”. Además, dispuso que “elimine de sus cuentas las menciones vinculadas con aquella denuncia, bajo apercibimiento de sanciones”, y le impuso el pago de las costas del proceso.

Una causa penal archivada y una condena en la parte civil

Hay una diferencia fundamental que conviene mantener clara. El archivo de la causa penal y la condena civil son dos decisiones judiciales distintas.

Cuando el Ministerio Público Fiscal archivó la denuncia de Ruiz no la condenó por haber presentado una denuncia falsa. Lo que determinó fue que “aquella presentación no contenía una descripción concreta de hechos que permitiera sostener penalmente las acusaciones contra las personas denunciadas”, señaló unos de los funcionarios judiciales intervinientes.

Después vino otro capítulo. Severini decidió llevar a la Justicia Civil las consecuencias que aquella denuncia había tenido sobre su persona. Fue el único que lo hizo.

Por eso tampoco sería correcto trasladar automáticamente el resultado de su demanda al resto de quienes habían sido mencionados por Ruiz. No hubo una condena civil por cada uno de los denunciados ni todos reclamaron una reparación.

Hubo una demanda. La inició Severini. Y la ganó.

Ese dato vuelve a poner bajo la lupa lo ocurrido en aquellos convulsionados días de diciembre de 2024.

Porque no se trató de una denuncia menor. La entonces vicegobernadora habló de “una organización destinada a desplazarla", mencionó delitos de extrema gravedad y señaló con nombre y apellido a personas que quedaron públicamente vinculadas con esas acusaciones.

Pero cuando la presentación llegó a la fiscalía provincial, el expediente no pudo avanzar.

“No porque se hubiera llegado a un juicio y las personas hubieran resultado absueltas, sino porque, según el criterio del fiscal, la propia denuncia no contenía los hechos concretos necesarios para comenzar a construir esa investigación”, agregó nuestra fuente consultada.

“Eso también marca un límite que muchas veces se pierde cuando una causa judicial se mezcla con una crisis política”, indicó el funcionario judicial.

“Una cosa es la fuerza que puede tener una acusación cuando se pronuncia públicamente. Otra, muy distinta, es aquello que puede sostenerse después dentro de un expediente”, explicó.

En el caso de Ruiz, aquella hipótesis sobre una asociación ilícita y un supuesto complot no consiguió superar esa primera instancia y terminó archivada.

Claudio Espinoza

Severini decidió no dejar allí lo sucedido. “No reclamó que la Justicia penal investigara nuevamente aquel supuesto complot. Reclamó por el daño que, según sostuvo, había sufrido como consecuencia de haber quedado públicamente involucrado en esas acusaciones”, indicaron.

La Justicia Civil le dio la razón. Casi dos años después de aquella denuncia, la secuencia deja dos decisiones judiciales distintas pero conectadas por un mismo origen.

Primero, una denuncia con acusaciones gravísimas que fue archivada porque no contenía elementos concretos suficientes para sostener una investigación penal.

Después, la decisión de uno de los denunciados de reclamar por las consecuencias de haber sido señalado y un fallo que condenó a Ruiz a indemnizarlo con cinco millones de pesos.

“Entre una acusación pública y aquello que finalmente puede acreditarse en Tribunales existe una distancia”, insistieron.

En esta historia, esa distancia primero terminó en un archivo.

“Y para el único de los denunciados que decidió llevar las consecuencias de aquella acusación a la Justicia Civil, terminó además en una condena contra Gloria Ruiz”, concluyeron.