Gloria Ruiz se presentó en Fiscalía y fue imputada

La vicegobernadora suspendida Gloria Ruiz se presentó este jueves en la Fiscalía de Delitos Económicos y fue notificada que estaba imputada por una investigación por anomalías cuando estaba en la Legislatura y en el último tramo de su intendencia en Plottier.

Según pudo conocer LMNeuquén, Ruiz designó como abogado defensor a Carlos Broitman, tras lo que se verificó sus antecedentes y se les tomó las huellas dactilares.

Entre los temas por los cuales se está investigando a Gloria Ruiz es la compra de la camioneta, las contrataciones directas, los contratos con la firma FMO y la instalación de una pileta en un terreno que sería de su propiedad.

La Fiscalía la investigaría por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y fraude a la administración pública. "Por el momento hay un plazo de investigación por 60 días hábiles, pero puede extenderse", indicaron fuentes judiciales consultadas.

Legislatura Gloria Ruiz (73).JPG

Claudio Espinoza

Precisaron que el objetivo sería poder formular cargos a la vicegobernadora suspendida y a su hermano, Pablo Ruiz, en el mes de febrero del 2025.

Gloria Ruiz había sido citada para el día viernes por la mañana, pero ella se adelantó este jueves, donde fue demorada para la identificación correspondiente, tras lo cual quedó liberada a la espera del avance de la causa.

Fondos en beneficio propio

El informe de la comisión investigadora constató la posible utilización de fondos públicos para beneficio propio, en lo que tiene que ver con el pago de servicios de imagen para Gloria Ruiz a título personal, en su calidad de vicegobernadora de la provincia.

Se citó como ejemplo de esto la contratación del servicio de marketing externo con la sociedad llamada Big Sur Marketing por el período comprendido entre el 2 de mayo y el 31 de agosto de 2024 por un valor total de $45.012.000. Y se advirtió que el contenido generado por la firma contratada fueron videos exclusivos de la suspendida vicegobernadora, publicados en sus redes personales y no en las oficiales de la Legislatura.

Legislatura Gloria Ruiz (15).JPG

Claudio Espinoza

Además, se puso de relieve que Ruiz no veló “por los intereses del erario público”, dado que se pagaron $11.253.000 por mes por “un reel de aproximadamente 25 segundos, un spot publicitario de entre aproximadamente 45 segundos a 1 minuto y algún material adicional de menor relevancia como stickers para celulares”.

Y que, finalizado el contrato, se presentaron dos facturas más de $11.253.000 cada una, “las cuales se encuentran bajo análisis de los sectores correspondientes”.

Según los diputados, se observó que la práctica habitual de esta administración habría consistido “en contratar bienes y servicios sin observar los procedimientos legales previstos a tal fin, sin licitación pública ni comparativas de precios, muchas veces utilizando justificaciones ajenas a las normativas legales.

En varios casos, además, se verificaron precios muy superiores a los valores de mercado.

De acuerdo a la información recabada de la propia Legislatura y de informes suministrados por la Dirección de Tesorería, Contaduría y Administración, “se observarían una serie de irregularidades e inconsistencias relacionadas con, al menos, dos aspectos centrales de la contratación estatal”.

Una de ellas, indica el informe, refiere a la “metodología de contratación contraria a lo que establecen las normas legales en la materia, eludiendo el procedimiento administrativo correspondiente mediante el reconocimiento del pago de servicios ya prestados, como así también se advierte la utilización de la contratación directa como método ordinario de contratación, sin justificación y por encima de los montos máximos establecidos para dicha contratación”.

La otra se vincula contrataciones directas de “bienes y/o servicios por montos que serían excesivamente elevados en comparación con los valores de mercado, sin siquiera requerir presupuestos a otros proveedores para verificar y/o cuidar el interés del fisco provincial”.

reunion comision gloria ruiz

Por ejemplo, de la cantidad de gastos realizados durante el 10 de diciembre del año pasado y el 28 de noviembre de este 2024, los destinados a protocolo y cortesía resultaron, a criterio de la comisión investigadora, los de “mayor relevancia por sus montos y falta de razonabilidad en la metodología de contratación y pagos elegidos”. La suma por estos dos conceptos para el período asciende a $407.674.693,94.

Sobreprecios y los famosos banners

Una de las contrataciones de forma directa es la correspondiente a Ariel Pedro Sauer. De los expedientes analizados por los legisladores se desprende que entre el 7 de marzo y el 28 de octubre de 2024 se emitieron pagos a esta persona por un total de $46.769.089, en concepto de diferentes servicios y bienes gráficos, gigantografías y productos como banners, lonas y vinilos.

El cuestionamiento acá, además de que no hubo una compulsa de precios con diferentes proveedores para decir la mejor opción, es que de la simple comparación de los precios facturados a la Legislatura y los publicados en la página web de la empresa surge que “existe una diferencia en el orden de entre el 80% y el 100% en contra de los intereses del fisco provincial”. Como ejemplo de esto, el 20 de septiembre Sauer emitió una factura por 6 fly banner surfer, full color, 2.50 metros, cuyo valor unitario era de $289.000. Sin embargo, a fecha de redactado el informe de la comisión investigadora el valor unitario publicado en la página web de Sauer Gigantografías es de $156.000, sin considerar que el precio testigo es de un banner aún más grande que el que le vendió a la Legislatura, dado que es de tres metros y que la misma publicación de la empresa ofrece promociones por la adquisición de dos o más unidades.

Falsificación de datos y la camioneta

Además, la comisión investigadora identificó inconsistencias entre la realidad de las operaciones, las declaraciones juradas y “los dichos de la vicegobernadora en distintos medios de comunicación en torno al origen de fondos utilizados para adquisiciones de bienes personales”, con participación directa de personas vinculadas a Ruiz en los pagos de esas operaciones.

El caso más relevante y por el que intervino la Justicia, es el de la compraventa de una camioneta marca Toyota 4x4, cuyo valor es de $76.837.220, sin contemplar los gastos de patentamiento. Ruiz presentó una declaración jurada donde dijo que el dinero utilizado para la operación era del producido de la venta del rodado de su propiedad marca Toyota Hilux de 2021 y del ahorro de los haberes percibidos en su calidad de vicegobernadora entre los meses enero a agosto de 2024.

Sin embargo, en la documentación requerida a la concesionaria surge que esto no fue así y que, por ejemplo, los pagos registrados para saldar parte del monto de la operación por $20.000.000 fueron realizados por Gustavo. Chittadino, a quien la vicegobernadora lo había designado como prosecretario Legislativo.