El gobernador Omar Gutiérrez cuestionó el fallo de la Corte Suprema que conminó al gobierno de Alberto Fernández a transferir el equivalente al 2,95 por ciento de la torta coparticipable al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, en lugar del 2,32 por ciento actual. El mandatario neuquino firmó un comunicado junto a tres de sus pares, ninguno alineado con el kirchnerismo ni con el macrismo, en el que consideraron que la decisión de la Corte es "preocupante" y "afecta al federalismo".
El grupo de mandatarios consideró que el manejo de la Policía, que es el fin de los fondos que la Corte le concedió a la Ciudad de Buenos Aires, cuesta menos de lo que dice el jefe de Gobierno e insistió en que todas las provincias ponen de sus ingresos para mantener a sus fuerzas de seguridad.
Además de Gutiérrez, el comunicado lleva las firmas de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta); Arabela Carreras (Río Negro) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). Ninguno de los cuatro participó del cónclave con gobernadores que encabezó Alberto Fernández y del que surgió la decisión de no acatar el fallo judicial por considerarlo de aplicación imposible.
Entonces, son 18 los gobernadores que cuestionaron la decisión del máximo tribunal. Los 14 del peronismo que se reunieron el jueves con Fernández y los cuatro ajenos al oficialismo que se expresaron mediante un comunicado conjunto. Entre los seis gobernadores restantes, cuatro son del conglomerado Juntos por el Cambio y dos peronistas opositores a Fernández.
El texto de los cuatro gobernadores
"Las y los gobernadores de la República Argentina que firmamos este comunicado, manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte Suprema de la Nación que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto", escribieron lo mandatarios provinciales que no participan en la grieta.
"El traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en el año 2016, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial. Por otro lado, es importante destacar que esa es una circunstancia que es común a todas las provincias: pagar con nuestros recursos nuestra propia policía", agregaron.
"Estamos convencidos de que ninguna jurisdicción, en este caso CABA, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas; pero también sostenemos firmemente que esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina", apuntaron los cuatro gobernadores.
"Cuestiones como estas no hacen más que profundizar la falta de genuino federalismo que las provincias del interior padecemos desde hace décadas y que se materializan en inequidades y desproporcionadas asimetrías", remataron.
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