Javier Milei, la pesadilla del gendarme y el sello que dejan las condenas por La Escuelita
El gobierno nacional y su errática mirada de los Derechos Humanos. Las lecciones de un juicio histórico en Neuquén.
La detención, el 8 de diciembre de 2024, de Nahuel Agustín Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que une las ciudades de Cúcuta (Colombia) y Ureña (Venezuela), no solo profundizó la escalada entre el gobierno de Javier Milei y el régimen de Nicolás Maduro, sino que llevó al líder libertario a un insospechado giro respecto de su posición en relación a los Derechos Humanos.
En efecto, Milei no solamente desconoce la desaparición forzada de 30 mil personas en Argentina por parte de otra dictadura -que comenzó Jorge Rafael Videla y terminó Reynaldo Bignone-, sino que virtualmente desmanteló organismos encargados de la promoción de Derechos Humanos en el país.
El gobierno argentino solicitó, el 2 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares para la liberación del gendarme, invocando que “los derechos humanos y la democracia deben ser respetados y protegidos por todos”.
Poco antes de la detención de Gallo, en Neuquén, la Justicia condenó al ex magistrado federal Pedro Laurentino Duarte y al ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz a 11 años de prisión efectiva por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en su rol de funcionarios judiciales. Es decir, el Tribunal Oral Federal de Neuquén, los halló responsables, entre otros delitos, por aquello que el gobierno de Milei reprocha a otra dictadura, la de Maduro.
Cuando se encontraban preparando la mesa de Noche Vieja, la mayoría de los empleados que se desempeñaban en el Centro Cultural Haroldo Conti (en el edificio de la ex ESMA) y el Archivo General de la Memoria recibieron el primer aviso de despido de sus funciones.
El virtual desguace de ambos organismos no debería sorprender de un acto de gobierno de Milei, pues durante su campaña había anticipado medidas de este tipo. Sin embargo, su posición respecto de la violación a los Derechos Humanos en Venezuela, ampliamente condenados internacionalmente -tanto como los delitos cometidos por la dictadura argentina-, lo deja de cara ante una contradicción por lo menos aberrante.
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