La investigación sobre Gloria Ruiz ya está en la Comisión que emitirá el dictamen final: así sigue el proceso
Se completó la primera fase del proceso que desembocará en una votación del pleno de los diputados para determinar la suerte de la funcionaria.
La Comisión Investigadora de la Legislatura que instruyó la pesquisa por inhabilidad moral contra la vicegobernadora Gloria Ruiz presentó su informe del caso. El presidente de la comisión, Guillermo Monzani, mandó el expediente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, encargada de emitir el dictamen del caso previo a la convocatoria a sesión del pleno de la Cámara para terminar de definir la situación de Ruiz, quien está suspendida en las funciones como vicegobernadora.
Antes de emir el dictamen, la denominada Comisión A habilitará a Ruiz para acceder al expediente del caso y le dará un plazo para que haga su defensa.
El proceso es de características políticas, no judiciales, con lo cual la decisión sobre la inhabilidad moral de la ex intendenta de Plottier para ser vicegobernadora surgirá de lo que vote la mayoría en la sesión especial.
Gloria Ruiz, con la suerte echada
"La Comisión Investigadora recolectó toda la información necesaria y la ordenó para trasladarla a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que notifique a la vicegobernadora para que haga su descargo", sostuvo Monzani en una entrevista con radio LU5 unos minutos antes de correr vista del expediente a Asuntos Constitucionales.
Explicó que dicha comisión "tendrá tres días hábiles para hacerlo más otros tres días de prórroga si los solicita y después deberá convocar al pleno del cuerpo a sesión especial". Advirtió que la vicegobernadora tiene la posibilidad de presentar su defensa o bien dejar pasar los plazos habilitados y que la causa termine definiéndose sin el descargo de la funcionaria acusada.
Monzani aclaró que "la Comisión Investigadora no declara la inhabilidad moral exactamente, esa función es del cuerpo en su totalidad reunido en sesión especial".
Agregó que "nosotros presentamos toda la documentación sobre contrataciones directas y las que se hicieron por interpósitas personas. Recordemos que esto empezó con el allanamiento que se produjo en La Casa de las Leyes, entonces hemos hecho foco ahí".
Contó que la Comisión Investigadora, que es integrada por los presidentes de los bloques legislativos, "se abocó a la investigación de las irregularidades en los procedimientos para las compras y contrataciones más que en los números" involucrados en esas operaciones sobre las que Gloria Ruiz tenía plena responsabilidad.
Según trascendió, en las contrataciones directas de la Legislatura Ruiz habría superado el límite permitido por la ley de administración financiera sin justificativos para llevarlas adelante. Varias de esas compras directas habrían sido por encima de los 12 millones de pesos, cuando el límite por la mencionada norma es de $4 millones.
También se puso la lupa en los contratos de personal, donde se determinó, por ejemplo, que las designaciones no coincidían con las funciones o, que, directamente, se le pagaba a gente que no trabajaba en la Cámara.
Además, se incluyó lo ocurrido con el Tribunal de Cuentas, que solicitó, en reiteradas oportunidades, acceso a la información de la Cámara y que nunca pudo tenerla.
La piedra del escándalo
El escándalo que involucra a la suspendida presidenta de la Legislatura explotó el 22 de noviembre, cuando la Justicia puso la mira en las transferencias directas desde la Legislatura de Neuquén a la cuenta personal del Banco Provincia de Neuquén de su hermano, Pablo Ruiz, ex coordinador de la Casa de las Leyes, por 51 millones de pesos.
Ese día, por orden de la Fiscalía, se allanaron la Legislatura de Neuquén, la Casa de las Leyes y la vivienda particular de Pablo Ruiz.
Y cinco días después, los procedimientos se trasladaron a los registros del automotor 1 y 2 de Plottier, en busca de legajos sobre venta y compra de vehículos de parte de Ruiz y su entorno familiar.
Las figuras por las que podría ser acusada Ruiz van desde incumplimiento de los deberes de funcionario público, pasando por abuso de autoridad, hasta llegar a administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito.
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