El gobierno no quiere conflictos pese a los cinco días que dio el juez Diego Bonorino para que los mapuches abandonen un predio. Se preparaban para resistir.
El desalojo que pesaba sobre las comunidades mapuches Quintriqueo y Melo en Villa La Angostura quedó momentáneamente frenado luego de que el Ministerio de Gobierno de Neuquén interviniera de manera directa y propusiera abrir una mesa de diálogo entre las partes. Se cumplió el plazo de cinco días hábiles y la comunidad se preparó para resistir, con el bloqueo de una tranquera.
La medida había sido ordenada por el juez subrogante Diego Bonorino en medio de una fuerte polémica judicial, política y social en una ciudad que estuvo de aniversario el pasado 15 de mayo, y que le hizo este reclamo puntual al gobierno provincial.
El freno se dio tras el envío de una nota oficial por parte del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quien sostuvo que el proceso de lanzamiento afecta a niños, niñas, adolescentes y personas mayores en contextos de vulnerabilidad. Es decir, que su ejecución sin medidas previas de contención violaría la ley provincial 2302 y tratados internacionales de derechos humanos.
A su vez, hubo una comunicación telefónica entre la comunidad y el subsecretario de Gobierno de la provincia, Juan Grandi, par calmar las aguas y llamar al diálogo. Nadie quiere conflicto ni policías ni palos en estos tiempos preelectorales. Se puso a disposición para el diálogo.
Además, la provincia confirmó que el Lof Kinxikew (Quintriqueo) cuenta con personería jurídica y con relevamiento territorial concluido, acreditado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2023, mediante la Resolución 332/23. Es decir, el Estado argentino ya reconoció que las tierras están ocupadas de forma tradicional, actual y pública por la comunidad.
Jorge Tobares, el mediador con los mapuches
El ministro Tobares había remitido el 13 de mayo una primera nota en la que ofrecía a la Subsecretaría de Gobierno como facilitadora de un espacio de diálogo, en el marco del expediente judicial iniciado por el apoderado Guillermo Hensel contra la comunidad mapuche.
Al no recibir respuesta formal del juzgado ni de las partes, el funcionario reiteró este lunes su disposición a mediar, a través de una nueva comunicación enviada tanto al abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, como al de la denunciante, María Cristina Broers.
“Habiendo transcurrido un tiempo prudencial sin haber sido notificados de las resultas de ese ofrecimiento, se reitera por esta vía la disposición para llevar adelante y sostener un espacio de diálogo que permita abordar la situación y bregar por su composición en forma pacífica”, expresa la nota oficial, del pasado viernes 16 de mayo.
El cambio de clima institucional se produjo días después de una serie de hechos que agitaron el conflicto. Entre ellos, el fallo del juez Bonorino del 14 de abril que, además de ordenar el desalojo, acusó al abogado Sánchez de actuar con falta de ética y de “confundir” al juzgado, con la amenaza explícita de denunciarlo ante el Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén.
Esa resolución motivó una fuerte reacción del Lof Quintriqueo, que realizó una protesta frente a Casa de Gobierno, presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no se expidió sobre el fondo del caso.
El hecho nuevo que frenó el operativo
El propio Sánchez había denunciado judicialmente un hecho nuevo: que el Gobierno de la provincia recomendó realizar relevamientos sociales, diagnósticos y protocolos de protección previos a cualquier desalojo, conforme lo establece la ley 2302. Y que el juzgado ordenó el lanzamiento sin cumplir ninguno de esos pasos.
En la presentación, se adjuntó la nota del Ministerio como respaldo legal y se solicitó que se suspenda el procedimiento hasta que se cumplan esas condiciones mínimas.
“El juez no solo avanzó sin protocolos, sino que ni siquiera convocó a una mesa de diálogo. Ahora que la Provincia lo está pidiendo, esperamos que la Justicia escuche”, señaló el abogado de la comunidad.
Por ahora, el desalojo quedó congelado, aunque la orden judicial aún está vigente. Las comunidades esperan que la intervención del Ministerio y el ofrecimiento de la mesa de diálogo descompriman el conflicto y habiliten una solución negociada.
También sigue pendiente la resolución de la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre el recurso de queja presentado por la defensa, y cuya decisión podría revertir de forma definitiva la sentencia de desalojo si considera válidos los derechos territoriales en juego.
En el fondo, lo que está en discusión va más allá de una ocupación, sino el reconocimiento efectivo de los derechos indígenas en la Patagonia, más allá de las particularidades de cada zona. Con este giro institucional, el Estado provincial se aleja -al menos por ahora- de la represión y se acerca a la resolución política de un conflicto de larga data.
“El diálogo es el único camino. Y el reconocimiento de nuestras comunidades no puede ser ignorado por ningún juez”, dijeron desde el Lof que esperan no llegar al punto del desalojo.
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