Mariano Gaido consiguió la aprobación del proyecto para congelar en 20 las bancas del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza impulsado por el oficialismo para que los vecinos decidan, mediante una consulta popular, la posibilidad de congelar en 20 la cantidad de concejales de la capital.

Durante la 19° sesión ordinaria de este jueves, los concejales debatieron una medida que apunta a la reducción del costo de la política a través de la fijación de un tope al número de bancas en ese cuerpo deliberativo, que aumentará de 18 a 20 a partir de la futura composición del Concejo, tras las elecciones municipales de 2027. Tal como lo establece la Carta Orgánica, el número debería crecer al ritmo del crecimiento de población de la ciudad hasta llegar a un tope de 30 ediles, algo que podría darse rápidamente en base a la explosión demográfica de la zona.

El proyecto de ordenanza consechó 13 votos a favor y fue aprobado por mayoría, mientras que los artículos tuvieron el respaldo de entre 12 y 14 votos durante la votación en particular. Con este respaldo del Deliberante, los ciudadanos de Neuquén capital deberán definir si aceptan o no el congelamiento de las bancas, en una consulta popular que se votará durante las elecciones de 2027, donde también se elige al nuevo intendente y el total de los concejales.

En el recinto, las voces a favor explicaron que congelar el número de bancas no afecta la representatividad en el Concejo Deliberante, ya que sólo permitiría el ingreso de más concejales para los partidos mayoritarios o de primeras minorías. Agregaron que la composición actual del cuerpo cuenta con 12 bloques diferentes, lo que ya demuestra una gran pluralidad de voces.

Claudio Espinoza

Además, recordaron que la medida ya se había solicitado en la enmienda de 2021, que eliminó las elecciones de medio término, y señalaron que busca responder a una demanda de la ciudadanía, que exige que los fondos públicos se destinen a obras y servicios de los vecinos en lugar de sostener gastos institucionales.

Por su parte, las voces más críticas cuestionaron al Poder Ejecutivo por reducir los gastos de la política a través del Concejo Deliberante y no en el propio Municipio, y reclamaron por la eliminación de otros organismos públicos, como la Defensoría del Pueblo, para reducir esta partida presupuestaria.

A su vez, otras posturas en contra de la iniciativa afirmaron que el proyecto podría reducir el nivel de representatividad de voces en el cuerpo y afectar a los partidos más pequeños, por lo que se opusieron a la medida y reclamaron que la modificación se dé a partir de una reforma integral de la Carta Orgánica, mediante un llamado a una Convención Constituyente, en lugar de una simple enmienda.

"Lo que proponemos en este proyecto es modificar el artículo 53, fijar el número en 20 concejales y que sea ratificado por la ciudadanía mediante una consulta popular", señaló la concejal Victoria Fernández, concejal del MPN y miembro informante del proyecto. Aclaró que el sistema D'hont de reparto de bancas establece un piso legal del 3% que, con este nuevo número de bancas, se acerca mucho al piso efectivo.

"Vamos a sumar concejales pero no más voces al Deliberante, porque la pluralidad y la representatividad está dada por este sistema de reparto de bancas", expresó.

El costo de la política, en debate

Uno de los puntos centrales que se debatió durante la presentación del proyecto en una conferencia de prensa encabezada por el intendente Mariano Gaido fue la necesidad de reducir los costos de la política. Sin embargo, algunos concejales desmenuzaron y contrastaron el costo real que tiene el funcionamiento del Concejo Deliberante y la incorporación de cada concejal.

El concejal Daniel Figueroa (Unión por la Patria) se pronunció en contra del proyecto y aseguró que, según los presupuestos municipales de 2024 comparados por la Fundación Libertad, ciudades como Tucumán o Jujuy destinaban más de 500 millones de pesos anuales por cada concejal, mientras que en Neuquén el gasto es de 129 millones, si se divide el presupuesto total del organismo por la cantidad de ediles.

"Del presupuesto municipal, sólo el 2% del total se destina al Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo y la Sindicatura Municipal", dijo. Consideró que "una cosa es cuidar y ser responsables con los recursos públicos y otra es limitar la representatividad" y agregó: "No somos un gasto, somos representantes elegidos por la ciudadanía".

A su turno, el concejal José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) se expresó a favor de la medida."En 2021 habíamos propuesto congelar en 18 la cantidad de concejales; si fuera por nosotros ese sería el número, pero fijarlo en 20 evita que se siga incrementando a futuro", afirmó.

Y contrarrestó los números de Figueroa con cifras actualizadas del presupuesto. "Si establecemos el costo que tiene, con un presupuesto del Deliberante de 13.131 millones de pesos, de 2,5% del presupuesto, por lo que cada concejal costamos 730 millones de pesos a la ciudad. Los dos concejales que vienen implican 1500 millones a la ciudad", expresó.

El concejal Santiago Galindez (MPN) explicó que “este proyecto insiste en aquello que el intendente Mariano Gaido había planteado mucho antes que la austeridad en los presupuestos y los recortes en la política fueran el slogan de quienes hacen campaña con una motosierra” apuntando contra la negativa del bloque libertario.

“Son acciones concretas que reducen el gasto, como cuando eliminamos las elecciones de medio término, y son acciones que se visibilizan en un presupuesto municipal que año a año aumenta el porcentaje destinado a obras y reduce el porcentaje en personal”, remarcó.

El Defensor del Pueblo, otra alternativa de ajuste

Una de las voces críticas a la medida fue la de la concejal Denisse Stillger (PRO) que aseguró que está a favor de reducir el costo político del Concejo Deliberante, pero consideró que hay estructuras con funciones duplicadas que requieren mayor gasto para Neuquén.

"Propongo que la enmienda incluya la eliminación de la figura del Defensor del Pueblo y que eso también vaya a consulta popular", dijo la edil, que consideró que esta figura se creó en 1995, con una ciudad muy diferente a la actual. Repasó la existencia de otros organismos, como las oficinas de Protección al Consumidor, el patrocinio gratuito del Colegio de Abogados o el propio Poder Judicial, que ya brindan el mismo servicio que la Defensoría.

Stillger aclaró que el presupuesto de 2027 destinará 2864 millones de pesos, un 76% más con respecto al año anterior. Agregó que 2100 millones se destinan al personal de la Defensoría, a quienes reconoció su nivel de profesionalismo y agregó que, de divolserse el organismo, podrían ser incorporados a otras estrcuturas del Municipio que ya cumplen funciones similares.

"Cuando los vecinos más necesitaron al Defensor del Pueblo, como en la instalación del Neuquén Arena en la isla 132, la tarifaria del año pasado, la calle Mandalari o la península Hiroki, no estuvo", reclamó.

A su turno, la concejal Laura Pérez (Comunidad Neuquinizate) consideró que en lugar de sostener o eliminar la Defensoría del Pueblo "es necesario revisar las prácticas" y la eficiencia de cada institución. "La gente no cree en la política, y la crisis de representación ha venido hace mucho tiempo para quedarse", dijo en relación a la importancia de que las instituciones interpreten las necesidades de la población.

La concejala Laura Pérez.

"Así como la vida humana no tiene precio, la democracia tampoco. Yo creo en la democracia participativa y la responsabilidad institucional", dijo la edil, que decidió acompañar el proyecto para que sean los vecinos los que den tomen la decisión final a través del referedum.

De la hegemonía a los partidos más chicos

Entre las voces disidentes se contaron, también, las de los concejales Julieta Katcoff y Federico Sánchez (Frente de Izquierda). Su visión se centró en un congelamiento de las bancas que termina por limitar el acceso a los partidos más pequeños de la ciudad.

"No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que el sistema D'Hondt excluye a los partidos minoritarios", dijo y agregó: "Al crecer la población y congelar las bancas, los partidos más pequeños quedan afuera de la representación."

Para los ediles de este bloque, la reducción del costo político no debería darse por la reducción de espacios de representación sino con otras propuestas que enarbolan hace años. "El FIT propone desde hace años que todos los funcionarios ganen igual que una maestra que recién se inicia", agregó Katcoff.

"La voz de las minorías no puede ser la variable de ajuste del ahorro en la política", expresó la concejal, que consideró que la medida busca ganar una mayoría automática en el Deliberante.

A su voz se sumó la de la concejal Valeria Todero (CC ARI), quien aseguró que la medida no busca reducir el gasto político. "Lo que acá se está buscando es hegemonía y comodidad en el recinto con pocas voces", dijo y agregó: "Si el Ejecutivo quiere achicar el gasto, que empiece por su casa y no por el Deliberante".

Tanto Todero como Pérez señalaron la importancia de no debatir la estructura política ni el diseño de representatividad a través de una enmienda, por lo que pidieron más tiempo para analizar una reforma integral de la Carta Orgánica, a través de una Convención Constituyente.

El concejal Atilio Sguazzini (MPN) contrarrestó sus dichos con un ejemplo concreto. "Si queríamos la mayoría automática, ni hubiéramos aceptado la eliminación de las elecciones de medio término", dijo en relación a la enmienda que se aprobó por un referéndum que cosechó el 66% de los votos en 2021 y estableció la renovación total del cuerpo cada cuatro años.

Concejal Atilio Sguazzini.

"Está estadísticamente demostrado que los votos van a ir a la mayoría o a las primeras minorías", aseguró.