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Planes sociales: la estafa alcanza más de 200 millones de pesos y tendrá 30 imputados

Se viene una audiencia clave que sumarán otros 14 acusados, entre ellos funcionarios de jerarquía en el Ministerio de Desarrollo Social.

Finalmente, quedó fijada para el próximo 28 de septiembre una audiencia clave en la causa que investiga las estafas con planes sociales que puso en el ojo de la tormenta al Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén.

Ese día el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, elevará de 16 a 30 la cantidad de imputados, entre ellos el ex ministro exministro Abel Di Luca y otros funcionarios de jerarquía. Además, se agravarán imputaciones de varias personas que ya se encuentran acusadas.

A su vez, el próximo 28 de septiembre los representantes del Ministerio Público Fiscal ampliarán el periodo de tiempo investigado e informarán el monto de dinero al que asciende la estafa. El piso sería de 200 millones de pesos.

Hasta el momento se acreditó que la maniobra con tarjetas de crédito ocurrió durante seis meses del 2022, lapso por el que ya está hecha la acusación sobre 16 personas con un perjuicio económico de 62 millones de pesos. Esta cifra ascenderá considerablemente ya que ahora se investigarán las estafas ocurridas durante al menos dos años con cheques y tarjetas, motivo por el que también los imputados llegarían a 30.

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Semanas atrás Narváez había explicado en diálogo con este medio que las estafas con los planes sociales para desocupados arrancó de un modo "más burdo" con cheques por 49.500 pesos que nunca llegaban a los beneficiarios. La irrupción de la pandemia de coronavirus llevó a la bancarización de los aportes a través de tarjeta de débito. En ese marco, las maniobras fraudulentas comenzaron a hacerse de esa manera, aunque por momentos convivieron los dos métodos.

Cabe destacar que el jueves pasado se llevó adelante un nuevo allanamiento en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, ubicada sobre la calle Anaya y la multitrocha, donde se encontró y secuestró un servidor importante para la investigación.

"Por la información que contábamos a través de entrevistas de testigos que trabajan en el ministerio de Desarrollo Social supimos que todo lo que sucedía respecto al pago de planes sociales iba a la sede del Ministerio, especialmente a la parte de Coordinación, Administración provincial, y Tesorería y Finanzas. Cuando ingresa el expediente mensualmente, ingresa de manera digital, y eso pasaba por un sistema interno y es lo que fuimos a buscar ayer y lo pudimos ubicar y secuestrar", detalló el fiscal en una entrevista con LU5.

Imputados y nuevos acusados

Según adelantó la fiscalía, en la audiencia que se realizará a fin de mes se le formularán al exministro Abel Di Luca; el coordinador Provincial de Administración del Ministerio, Tomás Siegenthaler, el auditor contador Julio Arteaga, el contador José María Gallo, Carolina Reznik (directora General de Finanzas), Julieta Oviedo (directora de Tesorería) Valeria D’Angelo, Aaron Escobar, Marines Huaiquipan, Ariel Krom, Rodolfo López, Meza González, Omar Rodríguez Quezada y el abogado Alfredo Cury.

Al parecer quedaría afuera de la imputación la exministra Adriana Figueroa, quien ocupó el cargo hasta diciembre del 2021 para luego pasar a trabajar en la Secretaría General de la Gobernación. De todos modos, la exfuncionaria designó abogado defensor.

En noviembre del año pasado fueron imputados Ricardo Nicolás Soiza, exdirector general de Planes Sociales, sindicado como jefe de la asociación ilícita; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización y Marcos Ariel Osuna, ex jefe del departamento de Gestión de Programas. Los tres están con prisión preventiva confirmada, alojados en distintas comisarías, desde el 10 de julio último.

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También se encuentran imputados pero sin prisión preventiva Cristian Vergara, Carolina Hernández, Marcela Albornoz Gustavo Mercado, Fernando Cardozo, Pamela Rivera, Analía Scherer, Paola Zeballos, Pamela Cea, , Isabel Montoya, Roxana Tarifeño, Lucía Soto y Valeria Honorio. Este grupo incluye a exempleados de planta y contratados en el Ministerio que ejercían el rol de reclutadores (se encargaban de encontrar gente a cuyo favor daban de alta un plan, con cuentas de las cuales sacaban dinero mal habido) y/o extractores (utilizaban las tarjetas de débito de los titulares de las cuentas para ir a los cajeros automáticos para sacar el dinero)

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