¿Quiénes son los dueños de las tierras de Villa La Angostura reclamadas por los mapuches?

Los propietarios de las tierras en Villa La Angostura, reclamadas por las comunidades mapuche, aún no encuentran una salida definitiva a los conflictos con mapuches que tienen hace décadas. Muchos compraron lotes y si bien han construido viviendas, tiene que convivir con la incertidumbre judicial.

La comunidad Paichil Antriao ocupaba 625 hectáreas a comienzos del siglo XX, según los mapas que ellos mismos reconstruyeron en base a datos del gobierno neuquino, pero con el avance de las compras de tierras, su territorio se redujo a 125 hectáreas en el año 2000.

Hoy, la disputa en el Lote 9 se concentra en El Álamo, un sector cercano al Belvedere, donde múltiples propietarios privados aseguran tener los títulos legítimos de la tierra y han iniciado acciones judiciales para reclamar su propiedad.

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En Villa La Angostura hay 12 conflictos por reivindicación de tierras, reclamadas por la comunidad Paichil Antreao. Hay juicios que terminan en el Tribunal Superior de Justicia y en la corte Suprema de Justicia de la Nación, en queja.

Villa La Angostura: los dueños en conficto

De acuerdo a la información obtenida por LMNeuquén, uno de los propietarios en disputa es Lorenzo Ángel García Miglione, quien reclama 6,39 hectáreas en la zona, al igual que Manu Ginobili, quien tiene un juicio abierto por 12,47 hectáreas. A su vez, Federico Horacio Sommariva figura que sostiene la propiedad de 1 hectárea, mientras que María Alastenia Barría reclama 10,99 hectáreas.

Otro caso con múltiples propietarios es el de Juan Antonio Pérez Calvo, Pablo Ariel Caffe, María Ramona Raviol y Marcelo Corvalán, quienes comparten la titularidad de 4,93 hectáreas en diferentes proporciones. También aparecen en la lista Néstor Martín Bianchini y Jorge Emilio Bernardini, quienes poseen en partes iguales 4,03 hectáreas, y William Henry Fisher, con dos parcelas que suman 14,5 hectáreas.

Uno de los lotes más extensos en disputa pertenece a Juan Miguel Valdivia, Raúl Alejandro Álvarez, Enrique Sebastián Álvarez, Oscar Roberto Valdivia, Nélida Nora Valdivia y Ricardo Ernesto Valdivia, quienes poseen en partes iguales 99,99 hectáreas en la zona del conflicto. A ellos se suman otros propietarios con tierras de menor superficie, como Margareta Theresa Hofer (0,56 hectáreas), Gabriel Fernando Cedrote (0,21 hectáreas) y Rodolfo Aníbal Ocampo (0,41 hectáreas).

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El mapa de quiénes son los dueños que reclaman por las tierras que reivindican los mapuches en Villa La Angostura.

Finalmente, los hermanos José Leonardo Antonio Salamida, Josefina Elvira Salamida y Hilda Raquel Salamida, quienes poseen en partes iguales 21,59 hectáreas, también forman parte del grupo de propietarios que han iniciado juicios en la Justicia neuquina para hacer valer sus reclamos de posesión.

El rol de la Corte Suprema

La semana pasada, el TSJ definió otro foco de conflicto, pero esta vez en contra de la comunidad Paichil Antreao, que nuevamente irá en queja a la Corte Suprema. El TSJ ordenó la restitución del inmueble de la familia Bianchedi de Terzolo, en proximidades al cerro Beldevere. Este es uno de los casos conflictivos que tiene esta comunidad mapuche.

Este no es el único juicio de reivindicación de tierras en el Lote 9. También hay litigios abiertos en los casos del Correntoso, Ginobili y Burd, aunque ninguno ha llegado todavía a la Corte Suprema. Precisamente el expediente que avanzó más lejos es el de Popik, que vendió su litigio a la empresa Tije Inversores SA.

Tras obtener un fallo favorable en el TSJ neuquino, la comunidad interpuso un Recurso Extraordinario Federal, que fue rechazado, y luego presentó una queja ante la Corte Suprema, que ahora fue admitida. El caso Popik, conocido como Puerto Elma, es el que ofrece mayores expectativas para la comunidad Paichil Antreao, ya que podría sentar un precedente para frenar los desalojos.

La Procuradora General de la Nación consideró que el TSJ de Neuquén rechazó los reclamos de la comunidad sin evaluar sus argumentos en profundidad. El dictamen deja abierta la posibilidad de que la Corte Suprema anule la sentencia del TSJ y ordene un nuevo análisis del caso.