"Tolerancia cero" a la corrupción en el Estado: ya son casi 40 los estatales despedidos este año

En lo que va de 2025, el gobierno de Neuquén sostuvo su política de "Tolerancia Cero" contra la corrupción, la indisciplina y el ausentismo en la administración pública, una purga que ya se tradujo en la desvinculación de casi 40 empleados estatales de planta permanente. La medida, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa desde el inicio de su gestión, busca "reordenar para distribuir" los recursos del Estado, erradicar gastos superfluos y sancionar a quienes no cumplen con sus obligaciones, sin importar su cargo o afiliación.

Aunque muchos de los hechos que motivaron los despidos ocurrieron durante la gestión de Omar Gutiérrez, la nueva administración aceleró los sumarios administrativos para dar una resolución definitiva a cada caso. Las causas son tan variadas como alarmantes y abarcan desde los comúnmente llamados "ñoquis", que cobraban sin ir a trabajar, hasta agentes condenados por la Justicia por delitos graves. La directiva es clara: se busca terminar con resabios de las viejas costumbres y aplicar medidas ejemplares para el resto de la planta provincial.

Las expulsiones se han formalizado a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, y en muchos casos, el gobierno no solo ha despedido a los agentes, sino que también ha iniciado acciones para recuperar los salarios percibidos de manera indebida, bajo el argumento de que se trata de un perjuicio fiscal y un posible enriquecimiento sin causa en detrimento de la Provincia.

En un repaso por los casos más resonantes que marcaron la agenda pública en 2025, se pudo contabilizar la desvinculación de al menos 38 empleados de la administración pública, que fueron separados de sus cargos por ausentismo sostenido o por haber cometido faltas graves.

Corrupción y abuso de poder: del gerente de Cormine al narcotráfico en un hospital

Uno de los despidos más notorios fue el de Martín Miguel Irigoyen, quien fuera gerente general, director y presidente de la Corporación Minera del Neuquén (Cormine). A Irigoyen se le endilgó una "grave injuria laboral" por haber representado legalmente a la empresa estatal en un juicio sin tener autorización para hacerlo. Para agravar la situación, no solo perdió el litigio, sino que además le cobró honorarios a la propia compañía que debía defender. Su desvinculación, formalizada en febrero, podría derivar en acciones civiles para recuperar el dinero y una denuncia penal por presunta defraudación contra la administración pública.

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Claudio Espinoza

El área de Salud también fue epicentro de escándalos. En el Hospital de Zapala, un chofer de ambulancia fue exonerado después de que en un allanamiento judicial se encontrara marihuana, cocaína, más de 1.600 dólares, 400.000 pesos y elementos para el corte y pesaje de drogas dentro de su locker personal.

En la Subsecretaría de Familia, las faltas graves también llevaron a despidos. Un agente fue exonerado por subir a tres adolescentes de un hogar de menores a su auto particular en estado de ebriedad, conduciendo a contramano y profiriendo comentarios obscenos. Su compañera fue cesanteada por estafar a otra trabajadora del hogar "Malen Maihue", utilizando su tarjeta de débito para realizar compras y gastos en el casino.

Abuso sexual: la sanción más dura para los agentes del Estado

La política de "Tolerancia Cero" ha sido especialmente severa con los empleados públicos condenados por delitos graves, aplicando la figura de la exoneración, que implica la separación definitiva de la institución y la pérdida de todos los derechos, incluido el de la jubilación.

Varios casos involucraron a miembros de la Policía. Un oficial principal del cuerpo penitenciario, fue exonerado tras ser declarado penalmente responsable del delito de abuso sexual simple contra tres menores de edad. Del mismo modo, un sargento ayudante del Servicio Penitenciario, fue condenado a ocho años de prisión por abuso sexual agravado contra su propia hija y, en consecuencia, expulsado de la fuerza sin derecho a jubilación.

Otros efectivos también fueron desvinculados por delitos similares, como un sargento del Cuerpo Penitenciario condenado por abuso sexual agravado, y un cabo, condenado por abuso sexual en grado de tentativa en un contexto de violencia de género. En el Consejo Provincial de Educación (CPE), un portero fue despedido tras ser condenado por abuso sexual continuado contra sus compañeras de trabajo en un colegio de Aluminé.

Certificados truchos y ausentismo: la lucha contra los "ñoquis"

El ausentismo injustificado y la presentación de licencias médicas falsas es una de las causas más recurrentes de despido. Uno de los casos más insólitos fue el de la responsable de Recursos Humanos de Neutics Sapem, quien fue despedida con justa causa por presentar certificados médicos irregulares y fuera de término. La situación se agravó cuando presentó un certificado fechado para el futuro (con fecha 9 de junio, pero presentado el 23 de mayo), lo que fue considerado un "abuso de cargo y funciones".

En el Hospital Castro Rendón, un camillero y una mucama fueron exonerados por usar sellos robados a dos médicas para confeccionar certificados apócrifos y justificar sus ausencias.

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El abandono de cargo ha sido motivo de cesantía para numerosos agentes. Entre ellos destaca un portero del Centro de Formación Profesional N° 29 de Centenario que acumuló 165 faltas injustificadas entre 2022 y 2024, perjudicando a sus compañeros que debían cubrir sus tareas. En una situación similar, un médico del hospital de Chos Malal, simplemente dejó de ir a trabajar y se descubrió que había emigrado a Estados Unidos sin presentar su renuncia.

Las excusas de algunos despedidos han sido tan llamativas como sus faltas. Un portero de Neuquén capital justificó meses de ausencias ininterrumpidas alegando que "no poseía un teléfono celular" para avisar que no iría a trabajar.

La purga del Estado provincial continúa sin tregua, abarcando todas las reparticiones, desde Salud y Policía hasta Educación y empresas estatales. El mensaje del gobierno es contundente: no habrá tolerancia para quienes incumplan sus deberes o cometan delitos, en un esfuerzo por sanear las cuentas públicas y devolver la confianza en la función estatal.