Viven hace seis años sin electricidad regular: el calvario de un edificio en pleno centro de Neuquén

Desde enero de 2020, los vecinos del edificio ubicado en calle La Rioja 676, en la ciudad de Neuquén, viven una situación crítica porque el inmueble no cuenta con certificado final de obra ni con servicio eléctrico regularizado, pese a estar habitado, tener oficinas y comercios funcionando y haber sido entregado hace casi seis años.

La situación fue denunciada en reiteradas oportunidades ante la Municipalidad y otros organismos, pero hasta el momento no hubo una solución definitiva.

El caso quedó expuesto a partir del testimonio de Graciela Sottosanto, única propietaria que reside de manera permanente en el edificio, quien relató el impacto que esta irregularidad tiene en la vida cotidiana, especialmente por los reiterados cortes de luz, los riesgos para la seguridad y la falta de respuestas concretas por parte de los responsables privados y del Estado.

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Un departamento entregado sin terminar y promesas incumplidas

Graciela compró su departamento en 2019, cuando el edificio aún estaba en construcción. La entrega estaba prevista para octubre de ese año, una fecha clave para la familia, ya que su esposo atravesaba una enfermedad grave que le impedía caminar.

Sin embargo, el inmueble fue entregado recién en enero de 2020, sin medidores eléctricos individuales y con un medidor de obra provisorio, pese a que los desarrolladores se comprometieron por escrito a hacerse cargo del suministro hasta regularizar la situación.

Esa regularización nunca llegó. Ese mismo año falleció su esposo y comenzaron los reclamos. Esa regularización nunca llegó. Ese mismo año falleció su esposo y comenzaron los reclamos.

Con el paso del tiempo, el edificio se fue ocupando casi en su totalidad: en el primer piso funciona una estética de gran superficie, en el segundo hay oficinas y en los pisos superiores viven familias. Aun así, la infraestructura eléctrica nunca se completó.

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Cortes de luz diarios y riesgo para los vecinos

Actualmente, todo el edificio se alimenta a través de un medidor inteligente de obra instalado por CALF, que interrumpe el suministro cuando el consumo supera los 10,5 kilowatts durante 15 minutos. Cuando eso ocurre, la electricidad se corta por unos 50 minutos.

“Hemos tenido días con cinco o seis cortes diarios de casi una hora cada uno”, explicó Graciela. Cada interrupción deja fuera de servicio ascensores y montacoches, generando situaciones de alto riesgo. En una oportunidad, Graciela quedó 40 minutos encerrada en el ascensor tras un corte inesperado. “Hemos tenido días con cinco o seis cortes diarios de casi una hora cada uno”, explicó Graciela. Cada interrupción deja fuera de servicio ascensores y montacoches, generando situaciones de alto riesgo. En una oportunidad, Graciela quedó 40 minutos encerrada en el ascensor tras un corte inesperado.

Los problemas se agravan durante los días de calor extremo, cuando el uso de aires acondicionados dispara el consumo. Esto genera tensiones entre vecinos, discusiones internas y una constante sensación de inseguridad, especialmente para personas mayores.

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Reclamos formales desde 2022 y respuestas oficiales

La situación derivó en una larga cadena de reclamos administrativos documentados. El 1 de diciembre de 2022, Sottosanto presentó un primer pedido formal ante la Dirección de Inspecciones de Obras de la Municipalidad, advirtiendo que el edificio estaba habitado desde enero de 2020 y seguía funcionando con medidor de obra.

El 13 de diciembre de 2022, el Municipio labró un acta intimando a retirar el pilar de luz de obra en un plazo de 20 días hábiles. Sin embargo, en enero de 2023, la propietaria informó que los desarrolladores no habían avanzado en la obra eléctrica definitiva, limitándose a realizar zanjas y colocar caños sin cableado.

En mayo de 2023, se solicitó formalmente información sobre el estado del Certificado Final de Obra. La respuesta municipal, emitida el 31 de mayo de ese año, fue contundente: el edificio no tenía final de obra, estaba habitado de manera irregular y se habían labrado actas de infracción, elevando las actuaciones al Tribunal Municipal de Faltas.

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Pese a las infracciones, la Municipalidad sostuvo en distintas respuestas que no otorga habilitación para la ocupación de viviendas particulares y que la responsabilidad recae en el constructor y el director técnico, conforme al Código de Edificación.

La postura fue ratificada el 27 de noviembre de 2025, cuando el área de Inspecciones de Mediana y Gran Magnitud informó que se habían realizado todas las actuaciones administrativas posibles, pero que la ocupación del edificio sin servicios definitivos es una decisión atribuible a los responsables privados, desligando al Municipio de las consecuencias.

CALF, por su parte, indicó que no puede habilitar los medidores definitivos hasta que la obra eléctrica esté completamente terminada, generando un escenario de responsabilidades cruzadas sin resolución concreta.

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Un edificio sin final de obra, seis años después

El edificio tiene nueve pisos. El último, un penthouse, que permanece sin terminar, lo que también impide obtener el final de obra definitivo. Aunque cuenta con agua y gas individualizado, la electricidad sigue siendo el principal problema.

Graciela es la única propietaria que vive en el edificio. El resto de las unidades están alquiladas o permanecen en manos de los desarrolladores. Según denunció, algunos inquilinos no reclaman por temor a no renovar contratos.

“El 20 de enero se cumplen seis años viviendo así, sin una solución definitiva”, resumió. “El 20 de enero se cumplen seis años viviendo así, sin una solución definitiva”, resumió.

Actualmente, el caso está en manos de abogados y se evalúa iniciar una demanda judicial contra los responsables de la obra.