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La Mañana desalojo

Padre Chicho: "Con el desalojo se están destruyendo estructuras familiares"

El párroco de Alta Barda y asesor de la Pastoral Social se refirió al desalojo que dejó en la calle a nueve familias que vivían en barrio Huiliches.

“Todo atenta contra el derecho, este desalojo está destruyendo estructuras familiares no sólo físicamente sino emocionalmente”, afirmó a LMNeuquén el padre Jorge 'Chicho' Cloro, de la parroquia María Madre de la Iglesia de Alta Barda y asesor de la Pastoral Social, al referirse al operativo de desalojo que el miércoles dejó en situación de calle a nueve familias que vivían en Salto Grande y Collón Cura del barrio Huiliches.

El religioso cuestionó la decisión de la jueza María Eugenia Grimau de ordenar el desalojo de las familias que desde hace más de veinte años habitan la propiedad ubicada en el barrio Huiliches como así también la presencia de la policía en el lugar.

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“Hay cuestiones que son imperfectas, que no son parte de la realidad. Esas familias viven allí hace 21 años, no estamos hablando de un asentamiento de casas precarias, sino que son familias que construyeron sus casas, sus vidas y de pronto quedan en la calle. El día del desalojo emocionaba ver a esas personas mayores de 70 y pico de años llorando porque eran los primeros que habían empezado a construir en el lugar”, explicó.

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"Ayer (por el jueves) había una instancia pero se suspendió porque la otra parte (la empresa que reclama la propiedad) no se iba a presentar. Obvio que no se iba a presentar porque no le interesa porque ya han sido desalojados y se les cumplió con lo que habían pedido. La jueza nos dijo que ya no tenía competencia al cumplirse el desalojo", describió el religioso en relación a una nota remitida por el ministerio de Desarrollo Social en la que se indicaba que correspondía suspender el desalojo.

Por otra parte señaló que los policías que custodian el lugar desde el miércoles, día en que se ejecutó el desalojo, han sido contratadas por la empresa Kaiser, que reclama la propiedad desde hace varios años a través de distintas diligencias judiciales. “La empresa contrató a los policías para cuidar los bienes que inventariaron el día del desalojo, pero esos bienes que inventariaron son de la gente que hace veintiún años vive allí y no de ellos”, sostuvo.

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El padre Cloro señaló que "la doctrina social de la Iglesia defiende en este caso el derecho a la vivienda pero sobre todo el derecho adquirido. Hay que tener en cuenta que a estas familias no les han permitido la posesión veinteañal porque siempre le han puesto una excusa cada vez que la presentaron”. Agregó que le llamó la atención que se haya efectuado el desalojo "justo cuando las familias están inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares, Renabap. Nos llama la atención, sabemos que este barrio hace 21 años valía una cosa y ahora otra".

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