Aguinaldo empleadas domésticas: cómo se calcula y quiénes deben cobrarlo en junio 2025

Las trabajadoras de casas particulares registradas recibirán en junio 2025 el pago correspondiente a la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC). Esta retribución, popularmente conocida como aguinaldo, constituye un derecho garantizado por la legislación laboral y es una obligación para todos los empleadores que formalizaron la relación del trabajo.

Las leyes laborales vigentes marcan lineamientos precisos para establecer el monto y el plazo de pago de este extra, que se cobra de manera semestral.

Cuándo se paga el aguinaldo

De acuerdo a lo establecido en la ley 27.073, el SAC se divide en dos cuotas anuales: una se paga en junio y la otra en diciembre. En este sentido, la fecha límite en el primer semestre es el 30 de junio. No obstante, hay un margen de cuatro días hábiles que, en 2025, lleva ese plazo hasta el viernes 4 de julio.

El objetivo de este esquema es brindar certezas a quienes cumplen funciones en el ámbito doméstico, así como a quienes contratan al personal de casas particulares. Un cronograma fijado evita que haya inconvenientes por el pago del aguinaldo.

Cómo se calcula el monto del aguinaldo completo

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del salario más alto que los trabajadores registrados percibieron entre enero y junio, la misma fórmula aplica para las empleadas domésticas. Es decir, no se toma un promedio, sino que se selecciona el mes en que la persona tuvo el ingreso más alto su mayor ingreso, aún si el monto tuvo algún aumento por horas extra, bonificaciones o cualquier otro adicional extraordinario.

En este sentido, si una empleada obtuvo su salario más elevado en enero por tareas adicionales o en mayo por un aumento, la primera cuota del SAC será la mitad de ese sueldo. La idea es que el monto de cuenta del mejor período trabajado y no sufra alguna disminución por razones circunstanciales.

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Quiénes pueden cobrar el SAC

Todas las empleadas domésticas registradas, así como a jubiladas y pensionadas que se encuentren bajo el régimen formal deben recibir el aguinaldo. Distinto es el panorama para trabajadoras informales, monotributistas y personas independientes, quienes no perciben esta retribución.

El acceso a este derecho depende de que la relación laboral esté inscripta formalmente y que los aportes estén al día. El Estado, en tanto, exige que también haya un reconocimiento de las horas extras, plus salariales y adicionales especiales, debido a que son componentes del monto que se utiliza para sacar el cálculo del aguinaldo.

Aguinaldo: las normas que regulan el pago y los controles del Estado

El pago del aguinaldo está garantizado por la ley de Contrato de Trabajo y la ley 27.073. Esas normas "establecen los vencimientos, determinan el desdoblamiento semestral y habilitan los mecanismos para fiscalizar el cumplimiento de los empleadores".

En esas línea, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió también las fórmulas aplicables en casos proporcionales, así como las condiciones para que el pago del SAC se lleve adelante de forma correcta. Además, dejó en claro que se deben tener en cuenta los ingresos más elevados percibidos durante los primeros seis meses, incluyendo conceptos variables.

Qué pasa si se incumple con el pago del SAC

El sistema prevé sanciones para los empleadores que no cumplan con los plazos definidos o que liquiden montos inferiores a los previstos por ley. Los controles oficiales se proponen fortalecer la formalización del trabajo doméstico y resguardar a a un sector que, históricamente, estuvo expuesto a la precarización.

En este panorama, un vínculo laboral formalizado ese esencial para acceder al SAC. Las trabajadoras deben estar inscriptas en los registros oficiales de manera tal que puedan recibir la bonificación semestral tanto en tiempo y forma.

La posibilidad de cobrar el aguinaldo se traduce en un mecanismo que compensa económicamente pero que también fortalece el reconocimiento del trabajo en casas particulares y la ubica dentro de los parámetros de las actividades que están protegidas por las leyes.