El ambicioso programa mediante DNU de Milei con final incierto en el Congreso

El presidente Javier Milei anunció un ambicioso plan de desregulación de la economía argentina mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que será publicado a partir de la medianoche del jueves y que tendrá que pasar necesariamente por el Congreso, donde el mismo puede tener un final incierto.

Conceptualmente, el autor de la norma es el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenneger, quien en un meticuloso y abultado trabajo detectó miles de instancias en las que el Estado toma parte en alguno de los aspectos de la Economía.

Más allá de los detalles del decreto, el interrogante que se abre es si se puede establecer un modelo de organización social y económico por decreto, pasando en tiempo cero de una economía altamente corporativa y regulada a una de competencia y mercado. Las dudas discurren por saber si empresas, bancos, sindicatos y público general se adaptan a las nuevas reglas.

En el aspecto técnico, la mayoría de las regulaciones que se pretenden derogar se podrían hacer por medio de un decreto común del Poder Ejecutivo o por decisiones administrativas, ya que se trata de normas fácilmente pueden ser resueltas por un cambio de nivel equivalente. El DNU equivale casi a una ley por cuanto requiere de la aprobación del Congreso. Milei, entonces, está jugando con un plan político ambicioso que pretende tirar “toda la carne al asador” en los primeros días de su gestión. En este caso, parece no ser gradualista como sí lo está haciendo en el campo cambiario, fiscal y financiero. Trata de ir fondo con cambios de reglas bajo la hipótesis de que lo que no se hace en los primeros 100 días no se puede hacer en el tiempo que reste de gobierno. Al acelerar con un DNU que incluye una mayoría de normas administrativas, el gobierno pretende conseguir un apoyo político amplio.

En algunos casos, el DNU choca con cuestiones legales de carácter constitucional. Por caso, sería muy difícil justificar ante la Corte Suprema de Justicia la urgencia y la necesidad de derogar la Ley de Góndolas aprobada por el Poder Legislativo durante la gestión de Alberto Fernández, pero cuya idea fue impulsada por Elisa Carrió para reservar a las pymes un espacio en los supermercados. Tal vez, la infame Ley de Alquileres que ha generado innumerables sufrimientos a familias de clase media y propietarios en la Ciudad de Buenos Aires, podría tener algún justificativo, dado el resultado totalmente negativo de la misma y la obcecada negativa del kirchnerismo a derogarla.

milei cadena nacional

Javier Milei en cadena nacional para explicar el DNU.

También resulta complicado comprender la urgencia por derogar las leyes que promocionan las actividades industriales. Incluso, muchas de las leyes mencionadas, como el caso de la ley de Abastecimiento, no tienen aplicación. Lo mismo ocurre con el Compre Argentino, que nunca se aplicó.

Milei también anunció que se va a derogar la norma que reglamenta las Sociedades de Estado con la idea de transformarlas en Sociedades Anónimas para privatizarlas. En rigor, la mayoría de las empresas ya está privatizadas y las que quedan pueden no tener valor para potenciales inversores, como el caso de la agencia Telam. Tampoco AYSA, la empresa que distribuye agua en la zona de la Capital Federal, podría ser interesante. Ya fue privatizada en los años 90 y el resultado fue un fracaso.

El anuncio, curiosamente, no incluyó al sistema jubilatorio. Podría decirse que en la visión del presidente quedaría en el Estado.

No va a ser sencillo pasar de una economía en la que las condiciones de competitividad de un sector se define en un despacho del Ministerio de Economía a otra en la que el destino de un emprendimiento se decida en el libre juego de oferta y demanda.

Más complicado resulta si se piensa en el caso del mercado laboral, donde todos miran si el Poder Ejecutivo le pone un techo o un piso a las paritarios, cuando se trata de acuerdo entre patrones y asalariados en los que el Poder Ejecutivo no tendría ninguna participación.

Desde ya, la posición histórica entre los empresarios de desregular la representación obrera permitiendo que haya varios sindicatos en una misma actividad, es rechazada de plano, porque consideran que podría haber más de un delegado en cada fábrica que competiría por ser más combativos para conseguir mayores aumentos de sueldos. Prefieren negociar solo con uno. Tampoco sería conveniente derogar el régimen de indemnización por despido para reemplazarlo por el fondo de despido del sector de la Construcción. En este caso, se infiere que cuando una obra se termina los obreros cobran el dinero acumulado durante el período. Pero en el caso de las empresas comunes no es aplicable porque ahí las personas trabajan por años o décadas.

En el Congreso, en tanto, la suerte del paquete no es clara. El kirchnerismo anticipa el rechazo antes de ver su contenido. El argumento es que quiere debatir proyecto por proyecto. En el caso del radicalismo, no va a haber rechazo previo. Los legisladores van a esperar que llegue el decreto y después se analizará cada proyecto y se verá que se aprueba y que no. Algunos suponen que todo lo que le sirva a las provincias será convalidado. Lo que no sea de interés a los gobernadores es probable que quede librado a las consideraciones ideológicas de cada legislador. Algunos podrían acompañar al gobierno y otros irían por el rechazo.

La cuestión es que daría la impresión que se quiere atropellar con un nuevo esquema de organización económico y social sin que esté claro que todos los que participan de ello estén de acuerdo.