El Estado destina 112 millones de pesos por mes a jubilaciones de privilegio para expresidentes y vice

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó este martes que se retirarán tanto la jubilación de privilegio como la pensión del expresidente Néstor Kirchner a su esposa y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.

La medida despertó un debate sobre el impacto de estas jubilaciones de privilegio y la normativa que las regula. Actualmente, el Estado destina alrededor de 112,3 millones de pesos mensuales en jubilaciones para expresidentes, vicepresidentes y familiares de exmandatarios, lo cual equivale al pago de 432 jubilaciones mínimas.

Estas asignaciones, conocidas como “jubilaciones de privilegio”, forman parte de un régimen especial que beneficia a presidentes y vicepresidentes en virtud de su desempeño en altos cargos públicos. La Ley 24.018, sancionada en 1991, establece los beneficios que reciben mandatarios y exmandatarios al dejar el cargo, pero los criterios para acceder a ellos se pusieron en cuestión durante los últimos años.

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Desde el Gobierno fundamentaron la decisión de ANSES de quitar estos beneficios a Fernández de Kirchner en una interpretación de “indignidad política” derivada de su reciente condena en segunda instancia, que la considera penalmente responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Catorce personas reciben beneficios en el marco de jubilaciones de privilegio

El Estado paga actualmente jubilaciones especiales a cinco expresidentes, cuatro viudas (incluida Fernández de Kirchner, hasta la revocación de sus beneficios), la hija de un expresidente (Zulemita Menem) y cuatro ex vicepresidentes. Según información de ANSES, estas asignaciones sumaron 112,3 millones de pesos brutos en mayo de 2024. Los beneficiarios de estas jubilaciones incluyen a expresidentes como Alberto Fernández, Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá y María Estela Martínez de Perón, así como a ex vicepresidentes como Gabriela Michetti y Amado Boudou.

Estas jubilaciones y pensiones han generado un costo significativo para el sistema previsional, especialmente en el contexto de una economía inflacionaria en la que las jubilaciones mínimas han quedado rezagadas. Actualmente, el monto total de jubilaciones de privilegio representa el equivalente a 432 jubilaciones mínimas. De acuerdo con el Boletín de Estadísticas de la Seguridad Social, el Estado destina cerca del 10% del gasto total en jubilaciones a los regímenes especiales, que abarcan tanto a expresidentes como a otros grupos profesionales, entre ellos, docentes e investigadores.

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Uno de los haberes más altos entre las jubilaciones de privilegio es el de Cristina Fernández de Kirchner, quien hasta la reciente decisión de ANSES percibía una jubilación y la pensión de su esposo, que juntas sumaban 21,6 millones de pesos brutos. Siguen en el listado los haberes de Alberto Fernández y Mauricio Macri, quienes perciben cifras cercanas a los 10 millones de pesos brutos mensuales. La legislación actual establece que estas asignaciones vitalicias son comparables al sueldo de un juez de la Corte Suprema para los presidentes y al 75% de ese monto para los vicepresidentes.

El debate en el Congreso

La quita de la pensión de Cristina Fernández de Kirchner reactivó el debate sobre el régimen de jubilaciones de privilegio. Recientemente, la Cámara de Diputados discutió un proyecto de ley impulsado por la Unión Cívica Radical (UCR) que proponía eliminar las asignaciones vitalicias para los presidentes y vicepresidentes que concluyan sus mandatos después de la sanción de la ley. Sin embargo, el artículo que preveía esta eliminación fue rechazado por un estrecho margen de 111 votos contra 109, con la oposición de los bloques de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal, entre otros.

El tema también fue abordado por el candidato presidencial Javier Milei, quien recientemente renunció a su derecho a una jubilación de privilegio y expresó su apoyo a la eliminación de estos beneficios para funcionarios condenados por delitos durante el ejercicio de su función. Desde el oficialismo y la oposición, algunos legisladores mostraron apoyo a modificar el régimen, en un intento de reducir los costos del Estado en materia previsional y avanzar en una agenda de transparencia.

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La oposición pidió al Gobierno una sesión para debatir respecto al DNU.

La asignación de jubilaciones especiales a expresidentes ha sido defendida históricamente en función de la especificidad y relevancia de sus cargos. Sin embargo, el alto costo de estas asignaciones y los beneficios destinados a familiares de exmandatarios han generado cuestionamientos públicos, particularmente en momentos de crisis económica. En tanto, especialistas en temas previsionales, como Rafael Rofman del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), señalan que este tipo de regímenes se justifican en cuestiones de mérito, aunque advierten que es necesario revisar algunos aspectos de su estructura y costos.

La ley que rige actualmente las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes no solo cubre los haberes de quienes desempeñaron estos roles, sino también el de sus viudas y, en algunos casos, sus hijos. Esto incluye a figuras como la hija del expresidente José María Guido, quien recibe el 75% del haber de su padre. Según Rofman, la jubilación de los presidentes en realidad funciona más como una asignación vitalicia que como una jubilación en el sentido tradicional.

El debate en torno a estos beneficios y su relación con los principios de equidad en el sistema previsional está lejos de cerrarse. La reciente decisión de la ANSES y la discusión en el Congreso marcan solo algunos de los puntos de un tema que sigue generando posiciones divididas tanto en la arena política como en la sociedad.