El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: cuál fue el motivo

A tan sólo días de su tratamiento en el Congreso, el Gobierno Nacional decidió retirar el proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil tras su envío este lunes.

Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido con fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.

De esta forma, este martes el Ejecutivo enviará nuevamente el proyecto de ley con la nueva edad, como establecía el documento que se había remitido al Poder Legislativo al comienzo de la semana.

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Qué establece esta reforma de baja de imputabilidad

La iniciativa central del Régimen Penal Juvenil es reducir la edad de imputabilidad a 14 años, con penas máximas que en ciertos casos llegarían a 15 años de prisión efectiva para delitos graves. El proyecto prevé que la privación de libertad sea el último recurso y que se prioricen medidas alternativas, como tareas comunitarias o programas de reparación del daño, con especial énfasis en la atención educativa y social de adolescentes.

Este proyecto es similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

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Los detalles del proyecto

El texto oficial propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con un sistema diferenciado que contempla sanciones específicas, procesos judiciales adaptados y medidas socioeducativas para los menores alcanzados por la ley. El Gobierno propuso en primera instancia bajar a 13 años, pero las negociaciones con opositores habrían puesto el límite en 14.

El régimen vigente en Argentina establece que los menores de 16 años no son punibles, y que los adolescentes de 16 y 17 pueden ser juzgados solo por delitos graves, bajo un esquema especial. El proyecto del Gobierno busca modificar ese criterio, incorporando a los adolescentes desde los 13 años al sistema penal, aunque con un tratamiento diferenciado del régimen de adultos.

De acuerdo con versiones oficiales citadas por los principales medios y periodistas especializados del país, la iniciativa contempla:

• La imputabilidad a partir de los 13 años para delitos graves.

• Un sistema penal juvenil autónomo, con jueces especializados.

• Sanciones graduales, que priorizan medidas socioeducativas, restricción de libertad y, en última instancia, privación de la libertad en institutos especializados.

• Plazos máximos de detención inferiores a los del régimen penal común.

• Programas obligatorios de educación, capacitación laboral y acompañamiento psicológico.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es dar respuesta institucional a delitos graves cometidos por menores, evitar la impunidad y establecer un marco legal que hoy consideran “obsoleto”, dado que el régimen actual data de la última dictadura militar.