El plan para convertir la Policía Federal en un FBI argentino: los cambios del Gobierno

El Poder Ejecutivo puso en marcha una de las reformas institucionales más profundas de las últimas décadas. A través del Decreto 383/2025, se establece que la Policía Federal Argentina tendrá una reestructuración interna, además de la creación de nuevos programas de ingreso y formación, y una revisión integral de su funcionamiento.

La medida deroga el histórico Decreto-Ley N.º 333 de 1958, que hasta ahora definía el marco orgánico de la fuerza. En su lugar, se aprueba un nuevo Estatuto Orgánico y se establece un proceso de modernización profunda, con reorganización de personal, reorientación presupuestaria y revisión de competencias.

Esta transformación se enmarca en la emergencia pública decretada por la Ley de Bases N.º 27.742, que habilita al Ejecutivo a reformar organismos del Estado.

Según se estableció, además se dejará de cumplir funciones de seguridad general en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pasará a concentrar sus esfuerzos en la prevención e investigación de delitos federales y complejos.

Nuevo foco: crimen organizado, delitos complejos e investigación judicial

El núcleo de la reforma consiste en redefinir la misión de la Policía Federal. A partir de ahora, la fuerza se concentrará exclusivamente en delitos federales. Quedará al margen de cualquier competencia en materia de seguridad local dentro del ámbito porteño, en cumplimiento del proceso de transferencia progresiva iniciado en 2016 con el Gobierno de la Ciudad.

La nueva misión implica un cambio profundo en la lógica operativa. El eje ya no será la patrulla preventiva ni la atención de conflictos urbanos menores, sino la identificación, abordaje y desarticulación de organizaciones criminales, redes de trata, tráfico de drogas, ciberdelitos, y delitos económicos complejos. Este viraje institucional implica una transformación en los perfiles del personal y en los recursos asignados.

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El decreto instruye al Ministerio de Seguridad de la Nación, a definir nuevas metas para la selección de agentes. Se limitará el ingreso de suboficiales, con un techo inferior al de este año. También se permitirá el ascenso de suboficiales a oficiales, en función de su experiencia, formación y desempeño. A la vez, se abrirá la posibilidad de reincorporar personal retirado en caso de necesidad operativa.

Profesionales universitarios, nuevas tecnologías y control interno

Uno de los pilares del rediseño institucional es el Programa Presupuestario “Modernización de la Policía Federal Argentina”, que se financiará con recursos derivados del ajuste en los ingresos de nuevos agentes. El fondo estará destinado a la adquisición de tecnología, rediseño de procesos, digitalización de operaciones, y mejora en la articulación con el sistema judicial.

También se lanza el Programa de Ingreso y Formación de Universitarios ya Graduados, que busca atraer perfiles técnicos y profesionales, con trayectorias en ciencias forenses, informática, derecho, economía y otras áreas clave para la investigación moderna. El modelo se inspira en organismos como el FBI estadounidense y prevé remuneraciones diferenciadas.

Otro eje será el fortalecimiento del control interno. La Dirección de Asuntos Internos pasará a tener una relación funcional directa con el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de garantizar mayor autonomía en las auditorías internas y mecanismos disciplinarios. A esto se suma la actualización de los protocolos de actuación y la creación de sistemas de evaluación de desempeño.

Fin de una era y nuevas reglas para la fuerza

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Tras de los incidentes ocurridos en la última movilización, el Gobierno decidió no aplicar el protocolo antipiquetes.

La reforma implica el cierre de una etapa institucional de más de sesenta años. Se derogan artículos centrales de la Ley N.º 18.711 y se termina con el marco legal que rigió a la Policía Federal desde 1958. En paralelo, el decreto fija las condiciones para el rediseño progresivo del esquema operativo, con una nueva estructura jerárquica y una orientación estratégica orientada a resultados.

El texto ya fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, como establece la Ley N.º 26.122 sobre el tratamiento parlamentario de decretos delegados. Con este paso, el Gobierno busca dejar asentado un rumbo claro en materia de seguridad federal: una fuerza más profesional, con capacidad investigativa y preparada para los desafíos del delito organizado.