Fraude por más de 400.000 dólares en Comodoro Rivadavia: 10 funcionarios y empresarios podrían ir presos

En la causa conocida como “Emergencia Climática I”, que avanza en la Justicia de Chubut y tiene como acusados a dos funcionarios municipales de Comodoro Rivadavia, la fiscalía pidió seis años de prisión para los procesados.

Se trata de Abel Boyero, ex secretario de Obras Públicas de Comodoro Rivadavia, y Rubén Palomeque, ex secretario de Servicios a la Comunidad del mismo distrito, a quienes se los acusa de haber malversado fondos que debían haber sido destinados a la recuperación de la ciudad tras un temporal de más de 10 días, en 2017.

Tras la jornada de alegatos de este miércoles, también hubo pedidos de prisión de 4 años y 10 meses para los inspectores municipales Rubén Sartori y Juan Carlos Lara, 4 años y 4 meses para Marcelo Van Heerden; y 5 años y 6 meses para Joaquín Mansilla.

Estos funcionarios también fueron declarados responsables por el delito de falsificación de documento público, además de la defraudación.

Además, la fiscalía, a cargo del fiscal general de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, exigió la participación de todos en la reposición del monto defraudado a la Municipalidad.

Además de los funcionarios públicos, se solicitaron penas para empresarios implicados en el hecho: el fiscal pidió 5 años de prisión para Cristian Pérez (y pago de reparación por un monto aproximado de 70.000 dólares), 5 años y 6 meses para Roberto Monasterolo, más el pago de 110.000 dólares, de 5 años para Javier Morales, y el pago de 68.000 dólares, y de 5 años y 2 meses para Hernán Lobos Rosas, y el pago de 125.000 dólares.

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Comodoro Rivadavia: 10 funcionarios y empresarios, condenados por defraudación al Municipio.

El fiscal consideró como única atenuante, para todos los acusados, la falta de antecedentes penales y pidió también la medida cautelar de inhibición general de bienes y costas del proceso para todos ellos.

Olazábal consideró la naturaleza de la acción y extensión del daño causado por el delito de corrupción, como un atentado al sistema republicano de gobierno establecido en la Convención de las Naciones Unidas.

“En la tormenta extra-tropical que destrozó la ciudad hubo personas que ayudaron en solidaridad y hubo otros que aprovecharon para enriquecerse”, dijo.

El daño patrimonial causado al Estado Municipal fue calculado en 408.804 dólares.

Qué pasó en 2017 en Comodoro Rivadavia

La investigación de la causa “Emergencia Climática I” se originó como consecuencia del ciclón extra-tropical que azotó Comodoro Rivadavia entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, entre esos días se produjo la precipitación de casi 400 mm. de agua, lo que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad con el anegamiento de calles y viviendas.

En medio del fenómeno climático, el 5 de abril de 2017, el Concejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa y liberó de ese modo al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos, dándole libertad de contratación para hacer frente a la situación.

De tal modo, con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta, se contrataron desde el Municipio 197 empresas para realizar las tareas proporcionando personal y maquinarias.

A partir de eso comenzó la confección de partes diarios fraguados, que eran autorizados para sus pagos por Boyero y Palomeque, en los que se registraban tareas supuestamente realizadas pero que no se llevaban a cabo.

Condenas y sobreseimientos

El 8 de julio pasado, el tribunal declaró a Palomeque y Boyero penalmente responsables del delito de “estafa en perjuicio de la Administración Pública”.

En igual sentido, declararon responsables de fraude a Monasterolo, Morales, Cristian Pérez y Lobos Rosas. En cuanto a los inspectores Mansilla, Lara, Van Heerden y Sartori, fueron declarados penalmente responsables como partícipes de fraude a la administración pública y falsedad ideológica de instrumento público.

El msimo día fueron sobreseídos otros dos imputados, Gonzalo Pérez y Julián Astiz, “declarando parcialmente nula la acusación en su contra”; y también se absolvió al empresario Alejandro Herk ya que “la prueba en su contra” fue considerada “insuficiente”.

En cuanto a los pedidos de las defensas, el abogado de Monasterolo se opuso a la inhibición general de bienes y, evaluando las circunstancias agravantes y atenuantes, requirió el mínimo de la pena para su asistido, de 2 años de prisión en suspenso.

Las restantes defensas solicitaron también penas de entre dos años y dos años y cuatro mesess en suspenso para sus defendidos.