Tras el buen clima que se generó tras la reunión entre el Presidente y el Papa, desde el Gobierno buscan replicarlo en la Iglesia local.
Luego del buen clima que rodeó a la reunión que mantuvieron el Papa Francisco y Javier Milei en el Vaticano, en el Gobierno consideran que es importante que el mismo se replique en vínculo entre la Casa Rosada y la Iglesia Argentina, por lo que el presidente convocará a los obispos a una reunión.
La Iglesia niega una actitud beligerante y afirma que ciertas declaraciones críticas no representan la posición oficial. Observan tensiones, especialmente en asuntos sociales y el recorte del Fondo de Integración
El enojo de la Iglesia por la interrupción del envió de alimentos a los comedores
Desde la Iglesia aclaran que la única vez que hicieron un pronunciamiento crítico fue ante la interrupción del envío de alimentos a los comedores comunitarios -el nuevo gobierno había puesto en marcha una auditoría-, una situación que -dicen- de ninguna manera podían pasar por alto.
Lo cierto es que, el episodio de los comedores no terminó allí, tras un posterior acuerdo con Cáritas para el suministro de fondos para los comedores, obligó a los pocos días a la institución caritativa de la Iglesia a afirmar que, si bien valoraba la ayuda, no se iba a prestar a ser parte de una maniobra que implícitamente le atribuía al Gobierno para reemplazar la obra que en ese aspecto brindan muchos movimientos sociales.
Los obispos del noreste denunciaron “políticas prebendarias y clientelísticas” y criticaron tanto “sistemas estatistas y populistas” como “la apertura indiscriminada anárquica a los mercados".
Pero, el aspecto más delicado entre la Iglesia y el Gobierno parece ser el vinculado a la fuerte reducción del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que dispuso el Gobierno tras atribuirle un manejo discrecional y poco transparente. El FISU -uno de los 29 fondos fiduciarios bajo su lupa- es gestionado por movimientos sociales, particularmente de la organización de Juan Grabois. De hecho, al frente está una dirigente de su grupo, Fernanda Miño.
En la Iglesia creen que el FISU -que surgió tras un relevamiento de los barrios populares de todo el país, producto de una ley del Congreso que tuvo amplio consenso- venía prestando un valioso trabajo en la urbanización de las villas y que, si hay alguna irregularidad, debe ser corregida, pero no ser reducido a su mínima expresión. A su vez, los curas villeros calificaron la reducción como “un golpe muy duro para 5 millones de vecinos”.
Pero en el Gobierno consideran que la Iglesia debería subrayar explícitamente la necesidad de que se dote de mayor transparencia al programa y advertir claramente a los curas villeros de poner el máximo cuidado porque algunos de ellos podrían ser involuntariamente parte de maniobras dolosas, mientras aseguran que irán a fondo con las correspondientes auditorias y las denuncias penales que correspondan.
La reunión de la Iglesia con el Gobierno
Los roces y malentendidos tratarán de disiparse esta semana con ocasión de la reunión que mantendrán los integrantes de la cúpula del Episcopado, que encabeza el obispo Oscar Ojea, con el presidente. Se trata del postergado saludo navideño que no pudo concretarse en diciembre por la intensa agenda que el nuevo primer mandatario estaba cumpliendo, según se informó en su momento.
Durante la reunión se espera abordar temas de atención a los pobres y de la clase media y los jubilados. Profundización del diálogo político que el gobierno encaró por ahora con los gobernadores luego del fracaso de la llamada Ley ómnibus en el Congreso y una menor actitud de confrontación. Mientras que, del lado del presidente, buscaría compensar las críticas con su conocida oposición al aborto.
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