Juicio por Hotesur y Los Sauces: "Fue una maniobra ilícita ideada por Néstor y Cristina Kirchner"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo afrontan este viernes el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia.

El debate a cargo del Tribunal Oral Federal 5 comenzó a las 10 de la mañana en la sede en la Sala AMIA de Comodoro Py. Será la primera vez que el diputado nacional -hijo de la expresidenta - enfrente un juicio oral en una causa de corrupción.

Entre los acusados figuran también los empresarios Lázaro Báez, su hijo Martín, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Por su parte, Florencia Kirchner quedó fuera del proceso tras un sobreseimiento firme.

"Fue una maniobra ilícita ideada por Néstor y Cristina Kirchner"

En el arranque del juicio se dio a conocer la acusación de la Justicia, sobre "una maniobra ilícita ideada por Néstor y Cristina Kirchner" durante su paso por el Gobierno Nacional.

Según la Justicia, ambos exmandantarios “aportaron el poder que la jerarquía y las facultades legales que su cargo le otorgaban y junto con otros funcionarios públicos que dependían de ellos: ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados/autárquicos”.

Todos ellos se “valieron de la legitimidad de la que gozan los actos de un funcionario público, de las competencias y atribuciones de sus puestos, pusieron en marcha y sostuvieron una maquinaria eficaz para sustraer fondos del Estado a favor de Lázaro Báez, de Cristóbal López y de Carlos De Sousa quienes se encontraban —como privados— del otro lado de la maniobra criminal”.

Según precisaron, el objetivo era “justificar a través de actividades lícitas —hotelera e inmobiliaria— que las empresas que habían recibido los fondos públicos y otras firmas intermedias pertenecientes a los conglomerados societarios de los empresarios, canalizaran fondos hacia los ex mandatarios y sus hijos”.

"Máximo Kirchner fue organizador de una asociación ilícita"

Al diputado Máximo Kirchner se le imputó haber tomado parte como organizador de una asociación ilícita dedicada a apoderarse de fondos públicos entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, cometiendo delitos de defraudación contra el Estado y lavado de dinero.

Habría tenido rol operativo clave ya que presidió Los Sauces S.A., la sociedad familiar, y coordinó la compra de inmuebles en Puerto Madero y hoteles en El Chaltén.

Los fiscales remarcaron que, desde 2009, Máximo Kirchner conformó el quórum asambleario en soledad, aprobó balances y firmó personalmente los contratos de alquiler con las empresas de Báez, movimientos que explicaron el 88% de la facturación de la firma.

Tras conocerse las acusaciones minutos antes de las 13 horas concluyó la primera audiencia del juicio oral .

Qué se les imputa a Cristina y a Máximo

En Los Sauces, la expresidenta está acusada de encabezar una asociación ilícita, mientras que a su hijo se le atribuye el papel de organizador. Ambos deberán responder, además, por la imputación de lavado de activos.

En Hotesur, la acusación se concentra en el lavado de dinero. La figura de asociación ilícita no se repite respecto de quienes ya fueron acusados por ese delito en las causas conexas, para evitar una doble persecución penal por los mismos hechos.

La hipótesis fiscal plantea que fondos provenientes de la defraudación al Estado en la obra pública vial de Santa Cruz habrían ingresado al patrimonio familiar bajo la apariencia de contratos comerciales. El fiscal buscará probar ese circuito en el debate.

Hotesur pone el foco en la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, y en la intervención de Valle Mitre, la administradora vinculada con Báez. Para los fiscales, algunas contrataciones de habitaciones no se correspondían con su ocupación real.

Los Sauces examina contratos de alquiler y transferencias de empresas de los grupos Báez e Indalo. Entre las firmas mencionadas en la acusación aparecen Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, vinculadas con los pagos investigados.

Las defensas rechazan la hipótesis delictiva y argumentan que se trató de operaciones comerciales lícitas, documentadas y realizadas a través del sistema bancario.