Nuevo régimen penal juvenil y baja de la edad de imputabilidad: todos los detalles del proyecto del Gobierno

El Gobierno nacional avanza en la redacción final de un proyecto de ley para modificar el Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad y una reorganización del esquema de sanciones y medidas aplicables a menores en conflicto con la ley penal. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, forma parte del paquete legislativo que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias.

El texto oficial propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con un sistema diferenciado que contempla sanciones específicas, procesos judiciales adaptados y medidas socioeducativas para los menores alcanzados por la ley. El Gobierno propuso en primera instancia bajar a 13 años, pero las negociaciones con opositores habrían puesto el límite en 14.

El régimen vigente en Argentina establece que los menores de 16 años no son punibles, y que los adolescentes de 16 y 17 pueden ser juzgados solo por delitos graves, bajo un esquema especial. El proyecto del Gobierno busca modificar ese criterio, incorporando a los adolescentes desde los 13 años al sistema penal, aunque con un tratamiento diferenciado del régimen de adultos.

Marcha atrás con la baja de la edad de imputabilidad

De acuerdo con versiones oficiales citadas por los principales medios y periodistas especializados del país, la iniciativa contempla:

• La imputabilidad a partir de los 13 años para delitos graves.

• Un sistema penal juvenil autónomo, con jueces especializados.

• Sanciones graduales, que priorizan medidas socioeducativas, restricción de libertad y, en última instancia, privación de la libertad en institutos especializados.

• Plazos máximos de detención inferiores a los del régimen penal común.

• Programas obligatorios de educación, capacitación laboral y acompañamiento psicológico.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es dar respuesta institucional a delitos graves cometidos por menores, evitar la impunidad y establecer un marco legal que hoy consideran “obsoleto”, dado que el régimen actual data de la última dictadura militar.

La argumentación del Gobierno

El Presidente Javier Milei defendió públicamente la iniciativa en reiteradas ocasiones. “No puede ser que quien comete delitos graves no tenga consecuencias solo por la edad”, afirmó Milei en distintos actos públicos. Desde el entorno presidencial señalan que el proyecto busca ordenar el sistema, dotar de herramientas a la Justicia y responder a una demanda social vinculada a la seguridad.

En la misma línea, el ministro del Interior Diego Santilli y legisladores de La Libertad Avanza manifestaron que la reforma apunta a terminar con zonas grises legales y reforzar la prevención del delito. Algunos diputados oficialistas remarcaron que el proyecto no equipara a los menores con adultos, sino que crea un régimen específico con controles judiciales.

santilli elecciones CNE

Apoyos, oposiciones y la mirada de especialistas

El debate atraviesa a todo el arco político. En sectores del PRO y de la UCR existen posturas divididas. Dirigentes alineados con una agenda de seguridad más dura se mostraron dispuestos a discutir la baja de la edad de imputabilidad, mientras que otros bloques plantean la necesidad de priorizar políticas de inclusión y prevención antes que un cambio punitivo.

Desde el peronismo y el kirchnerismo, en tanto, las críticas fueron más contundentes. Legisladores de Unión por la Patria advirtieron que la iniciativa puede criminalizar la pobreza y señalaron que no existen evidencias concluyentes de que la baja de la edad de imputabilidad reduzca el delito. También cuestionaron que el debate se dé en sesiones extraordinarias y sin una discusión amplia.

Jueces, fiscales y especialistas en derecho penal juvenil aportaron matices al debate. Algunos magistrados sostienen que el régimen actual carece de herramientas intermedias, lo que deja sin respuesta institucional a ciertos delitos graves. Otros advierten que el problema central no es la edad, sino la falta de recursos, institutos adecuados y equipos interdisciplinarios.

congreso sesiones extraordinarias

Desde asociaciones de magistrados se planteó la necesidad de actualizar el sistema, pero se pidió evitar soluciones simplistas. “Bajar la edad sin inversión en infraestructura y políticas de reinserción es insuficiente”, señalaron fuentes judiciales citadas por La Nación.

Organismos de derechos humanos y entidades especializadas en infancia expresaron su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad. Argumentan que la Argentina asumió compromisos internacionales que priorizan la protección integral de niños y adolescentes, y que el enfoque debe estar puesto en educación, contención social y prevención.

Unicef Argentina, junto a organizaciones civiles, recordó en documentos previos que la mayoría de los delitos graves no son cometidos por menores, y que el endurecimiento penal no resuelve los factores estructurales que atraviesan a los jóvenes en contextos de vulnerabilidad.

Para el Gobierno, la reforma es parte de un paquete más amplio que incluye cambios en el Código Penal y en políticas de seguridad interior. El proyecto aún no ingresó formalmente al Congreso, pero su eventual tratamiento anticipa un debate intenso, con audiencias públicas, posiciones cruzadas y fuerte impacto político. La definición dependerá de la correlación de fuerzas en ambas cámaras y de la capacidad del oficialismo para construir consensos en un tema que, históricamente, divide a la dirigencia y a la sociedad argentina.