La medida afecta trenes y colectivos en todo el país, en rechazo a la reforma laboral y en adhesión al paro de la CGT.
El transporte público de trenes y colectivos se encuentra interrumpido en todo el país debido al paro general dispuesto por los gremios del sector, en adhesión a la medida convocada por la CGT y en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
La medida comenzó a regir desde la medianoche y se extenderá durante 24 horas, sin prestación de servicios mínimos ni guardias, según confirmaron las organizaciones sindicales. La paralización afecta a los principales corredores urbanos y suburbanos, con impacto en las principales ciudades del país y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El paro fue ratificado por el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, y por el líder del sindicato ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, quienes confirmaron la adhesión al plan de lucha definido por la Confederación General del Trabajo (CGT). Ambos dirigentes señalaron que la medida responde a la convocatoria de la central obrera y no a conflictos salariales específicos del sector.
La jornada previa estuvo marcada por una escalada de tensión entre el Gobierno nacional y los gremios del transporte. Desde la Casa Rosada se emitió una intimación formal dirigida a la UTA y a La Fraternidad para que se abstuvieran de realizar medidas de fuerza que implicaran la suspensión del servicio. El documento oficial advirtió que el incumplimiento podría derivar en la pérdida de la personería gremial, una herramienta clave para la representación legal de los sindicatos.
Pese a esa advertencia, los líderes sindicales confirmaron la continuidad del paro. “Este es un paro decretado por la CGT y estamos protegidos legalmente”, afirmaron, al tiempo que aclararon que los conflictos salariales que motivaron procesos de conciliación obligatoria no guardan relación con la medida general convocada por la central obrera.
Las advertencias del Gobierno nacional
La amenaza de sanciones fue interpretada como un hecho inusual en la historia reciente del país. En ocasiones anteriores, los sindicatos del transporte habían sorteado advertencias oficiales mediante instancias de diálogo o negociación directa, pero en esta oportunidad la presión no logró frenar la medida. La decisión de sostener la huelga fue confirmada a última hora del miércoles por los dirigentes gremiales.
La CGT había oficializado el paro general para este jueves en rechazo a la reforma laboral y en repudio a la política económica del Gobierno. En su comunicado, la central sindical vinculó el reciente cierre de la fábrica de neumáticos FATE a lo que calificó como “el fracaso del plan económico oficial”. La adhesión de los gremios del transporte fue interpretada como un respaldo estratégico al plan de lucha sindical y como una señal de endurecimiento del conflicto.
Desde el Gobierno, la reacción fue inmediata. Altos funcionarios advirtieron que no se permitirá la realización de “medidas de fuerza ilegítimas” y remarcaron que la personería gremial no constituye un derecho absoluto, sino una facultad del Estado. La Secretaría de Trabajo sostuvo que la intimación cursada a los sindicatos cuenta con fundamento legal y que se evaluarán los pasos a seguir una vez concluida la jornada de protesta.
La CGT mantiene en agenda la posibilidad de convocar nuevas acciones si no se revisa el proyecto de reforma laboral, mientras que la UTA y La Fraternidad anticiparon que no cederán ante presiones y que cualquier negociación deberá partir del respeto a la representatividad sindical y a las condiciones laborales vigentes.
El impacto de la medida es significativo. Fuentes del sector estiman que más de 9 millones de personas utilizan diariamente trenes y colectivos en el AMBA y en las principales ciudades del interior del país. La suspensión de los servicios afecta el traslado de trabajadores, estudiantes y usuarios en general, y genera complicaciones en otras actividades económicas y sociales.
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