Polémica: así evaluará el Gobierno a los empleados públicos

La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública presentó el reglamento para evaluar a 40 mil empleados públicos, con el fin de determinar su continuidad laboral. La implementación de este examen, que se pondrá en marcha la próxima semana, se iniciará en los organismos ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, para luego extenderse al resto del país.

La iniciativa busca llevar a cabo una revisión de conocimientos y competencias en el empleo público, como parte de un plan más amplio que sigue al ajuste fiscal que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

La evaluación de los empleados públicos tendrá lugar de forma presencial, digital y anónima, siguiendo un procedimiento que asegurará que las personas evaluadas solo puedan ser identificadas después de recibir su calificación. Este sistema está diseñado para garantizar la transparencia y objetividad del proceso.

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La CTA criticó la evaluación de los empleados públicos.

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El examen constará de una serie de preguntas de opción múltiple y se dividirá en tres categorías: Servicios Generales, Administrativos y Profesionales. Los empleados deberán enfrentarse a preguntas de comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública, este último exclusivamente para los trabajadores profesionales. Las preguntas que integran el examen serán similares a las 20 orientativas disponibles en la plataforma de inscripción, donde los empleados podrán consultar material de preparación.

La duración del examen será de una hora, en la que los empleados deberán responder entre 20 y 24 preguntas, dependiendo de su categoría. Para aprobar, se requiere una puntuación mínima de 60 puntos, la cual se notificará de manera automática al final de la evaluación. Además, la normativa establece que los empleados podrán rendir hasta tres intentos por año calendario, en caso de no aprobar en su primera oportunidad.

Una de las restricciones más destacadas en el reglamento es la prohibición de utilizar dispositivos electrónicos durante la evaluación, salvo la calculadora. La infracción de esta regla puede implicar la exclusión del examen.

La evaluación de los empleados públicos comenzará con un grupo específico: aquellos que cuenten con un Certificado Único de Discapacidad. Estos trabajadores no deberán rendir el examen hasta que se adecuen las condiciones y materiales necesarios para garantizar la accesibilidad.

La motosierra de Sturzenegger: contexto y justificación del examen

Federico Sturzenegger

Federico Sturzenegger deslizó lo que ocurrirá con los gastos de las universidades.

La creación de este Sistema de Evaluación Pública (SEP) responde a un cambio en la estrategia del Gobierno que busca, según el Ministro Federico Sturzenegger, “brindar mayor calidad al empleo público”. Esta medida forma parte de la etapa de ajuste fiscal, conocida como "deep motosierra", promovida por el Gobierno de Milei. Este ajuste ha llevado a la desvinculación de miles de empleados públicos, con un total de 31.226 trabajadores cesados desde que el presidente asumió el cargo.

De este total, 20.026 personas pertenecían a la Administración Pública centralizada y descentralizada, incluidos organismos como la AFIP. Los 11.200 restantes estaban empleados en empresas y sociedades del Estado, como Aerolíneas Argentinas. La implementación de este examen forma parte de una estrategia más amplia de reducción del tamaño del Estado, un objetivo central de la gestión de Milei.

Rechazo gremial: ATE y la defensa de los empleados públicos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es una de las principales opositoras a la medida. Los gremios sindicales argumentan que la implementación del examen de idoneidad es un intento de “estigmatizar” a los empleados públicos y forma parte de una serie de medidas en contra de este sector laboral. Diego Catalano, secretario general de ATE Capital, cuestionó la necesidad de este examen, señalando que los empleados ya cuentan con una formación académica suficiente, como la primaria, secundaria y universitaria, que avala sus capacidades.

En respuesta, ATE organizó un paro y una movilización en rechazo a las nuevas evaluaciones, que incluyó una protesta en el centro de Buenos Aires, desde Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo. La organización sindical ha expresado que, en caso de no anularse los exámenes, implementará medidas como la utilización de un “camión con sonido que dicte las respuestas” para apoyar a los trabajadores que participen en el examen.

Los gremios ven la evaluación como parte de una política más amplia de persecución y desmantelamiento del empleo público. El hecho de que el examen se base en conocimientos de lógica, matemáticas y comprensión lectora se considera innecesario por los empleados que han demostrado su capacidad a lo largo de años de trabajo y formación.