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Sturzenegger quiere terminar con una actividad que es regulada por las provincias

Se trata del corretaje de viviendas, campos y terrenos. Es una actividad colegiada regulada por normas provinciales que no han sido delegadas a la Nación.

Los corredores inmobiliarios se pusieron en guardia en todo el país ante la posible decisión del gobierno de Javier Milei de emitir un decreto que de por finalizadas la facultad de los colegios profesionales de otorgar matrículas para ejercer la actividad.

La medida sería impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien procura instalar el Argentina el modelo de vendedores de bienes raíces de los Estados Unidos, muy lejos de las costumbres locales.

Al respecto, el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitió una nota en la que señala que los miembros “defendemos la profesionalización de la actividad de corretaje inmobiliario, la competencia leal y la protección al consumidor”.

“Ante los rumores de un eventual decreto que eliminaría los colegios profesionales inmobiliarios y permitiría actuar a agentes no profesionales, el Colegio Profesional Inmobiliario de CABA manifiesta su firme oposición y reafirma la importancia de los colegios inmobiliarios en todo el país para evitar malas prácticas en el ejercicio del corretaje inmobiliario”, señala la entidad.

La nota sostiene que “justamente, quienes ejercen la actividad por fuera de la ley son los que promueven el descontrol en el corretaje inmobiliario”. “Cabe destacar que la organización de la actividad inmobiliaria es una competencia originaria de las Provincias y no fue delegada a la Nación, por lo que resulta llamativa la desinformación que se está volcando a la opinión pública”, dice la entidad.

Según ha dejado trascender el gobierno, se pretende terminar con la necesidad de colegiación para desarrollar la actividad de ventas de casas o terrenos, bajo la supuesta idea de que haya mas competencia en el mercado y con ello una baja de los precios.

“La falta de profesionalización de la actividad no reduciría costos, sino que trasladaría gastos ocultos a los consumidores mediante intermediarios no regulados. Lejos de fomentar competencia, incentivaría el caos en un sector estratégico para la economía”, responden desde el Colegio profesional.

De imponerse el criterio del gobierno, la venta de casas la podría llevar a cabo cualquier persona. Sobre todo favorece al modelo de franquicias como el que hay en Estados Unidos. Una de ellas es muy activa en el mercado local.

En en caso de la Ciudad de Buenos Aires, la actividad está regulada por una ley local. Es la numero 2340. Esa norma establece la reglamentación para actuar como agente y descarga la responsabilidad de la protección de los consumidores en los colegios. Según señalan desde la entidad, desde una franquicia un agente sin matrícula habría tratado de vender terrenos públicos en Jujuy el año pasado.

En rigor, la idea que no haya corredores inmobiliarios se basa en la tradición anglosajona, donde tampoco la compra venta de inmuebles requiere de la presencia de un notario para validar escrituras. En los países de habla inglesa la venta de viviendas o inmuebles se hace bajo la firma de un simple contrato, y en general, las personas acuerdan la firma de un seguro que protege al comprador de posibles fraudes.

Las debilidades del sistema anglosajón quedaron expuestas durante la crisis de las hipotecas subprime de los Estados Unidos en 2008, cuando los bancos inundaron los mercados con créditos hipotecarios de dudosa calidad y cobrabilidad. Los bancos tan solo estaban interesados en dar créditos ya que a su vez descargaban el riesgo en el mercado de capitales mediante lo que se conoce como securitización. Emitían bonos en el mercado contra los créditos. El día en que los créditos de baja calidad tuvieron problemas de cobrabilidad, los bonos se desplomaron y generaron una crisis financiera de mangitudes globales. Se había producido una burbuja financiera.

En Estados Unidos los escribanos tan solo garantizan que los documentos firmados por una personas fueron realmente suscriptos por quien dice ser y nada mas. No garantizan que lo que dice el texto de un documento sea cierto. En otras palabras, pueden certificar que una persona se presentó ante él y dijo que es Rey de la Patagonia, pero eso no implica que el documento le conceda derecho de ser soberano.

El Colegio profesional de CABA señala además que “la Ley 2340 no solo regula la actividad, sino que obliga al Colegio Único a difundir y defender los derechos de los usuarios”.

“Esto incluye informar a la comunidad sobre sus garantías, como la posibilidad de reclamar ante servicios mal prestados o cobros indebidos”, dice el texto, el cual agrega que “la eliminación de este sistema dejaría a los consumidores desprotegidos, sin mecanismos claros para resolver disputas”. Dicen que hay ciudades en el mundo donde una sola franquicia tiene el 50% del mercado inmobiliario, constituyendo un monopolio y formadora de precios de los inmuebles.

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