Tras más de un año de investigación, allanaron el penal y 7 domicilios de Río Gallegos. Según la acusación, operaban con precisión empresarial.
Una banda dedicada al narcomenudeo dentro de la cárcel federal de Río Gallegos fue el centro de una serie de allanamientos desplegada este miércoles 18 de noviembre de 2026 en la capital de Santa Cruz.
Por orden del juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez, se realizaron ocho procedimientos simultáneos. Uno fue en la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el resto en domicilios particulares.
La medida se concretó a pedido del fiscal general interino Julio César Lucas Zárate, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos.
El objetivo era desarticular una estructura que, según la hipótesis de los investigadores, se dedicaba a conseguir, proveer, hacer ingresar y vender cocaína y marihuana dentro del penal.
Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), el Departamento de Investigaciones Judiciales y la Dirección de Asuntos Internos del propio SPF. Contaron con perros detectores de narcóticos y con equipos de registro fotográfico y audiovisual.
Requisa en la cárcel de Río Gallegos
Dentro del penal , ubicado en plena zona céntrica de la capital de Santa Cruz, los uniformados ingresaron a los pabellones 1, 2 y 3. Revisaron cada celda y los espacios comunes que usan los internos: cocinas, patios, talleres, baños, aulas y sectores de circulación y recreación.
Además, se dispuso la requisa personal de siete reclusos individualizados en el expediente.
La orden dejaba abierta la posibilidad de revisar a cualquier otro detenido sobre el que surgieran indicios concretos de que ocultaba elementos comprometedores.
El eslabón externo de la red narco
En paralelo, las comisiones allanaron siete inmuebles particulares de la ciudad, vinculados a personas que, de acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, cumplían roles clave en el eslabón externo de la organización.
Los procedimientos se llevaron a cabo en los barrios San Benito, Evita y Virgen del Valle.
También se requisaron tres autos identificados de antemano y otros vehículos hallados en las propiedades, entre ellos un Chevrolet Astra en la calle Ramón Lafuente, según precisó La Opinión Austral.
Tras la ruta de la droga
El objetivo central era secuestrar drogas, envoltorios, balanzas y herramientas de fraccionamiento.
Los investigadores también buscaban teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos de almacenamiento, agendas y comprobantes. Apuntaban a registros de transferencias bancarias o billeteras virtuales.
Esa documentación permitiría terminar de trazar la ruta de los pedidos, las entregas, los cobros y las deudas que generaba el negocio ilegal.
Más de un año de investigación
La causa lleva más de doce meses. Nació como desprendimiento de otra investigación federal por tráfico de drogas, en la que se habían detectado comunicaciones llamativas entre personas en libertad e internos de distintas cárceles del país.
El 4 de septiembre de 2025, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) remitió las actuaciones iniciales.
Pocos días después, la Unidad Fiscal Río Gallegos abrió formalmente el legajo para investigar lo que ocurría dentro de la Unidad 15.
Escuchas, agentes encubiertos y libros de visitas
Para reconstruir las maniobras que permitían ingresar la droga al penal, los investigadores recurrieron a escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia y tareas encubiertas de vigilancia y seguimiento.
Además, cruzaron la información de los libros de visitas de la cárcel con informes sobre movimientos financieros.
También contaron con información aportada por las propias autoridades del SPF.
Precisión empresarial
De acuerdo con la hipótesis acusatoria, la organización funcionaba con precisión empresarial y en dos frentes: uno en la calle y otro dentro del penal.
Afuera, personas del entorno cercano de los detenidos habrían comprado o provisto la droga, gestionado los traslados, coordinado los turnos de visita y administrado el cobro y la transferencia del dinero.
Para pasar los controles de seguridad, la banda habría recurrido sobre todo a visitas familiares o de allegados, que ocultaban la sustancia en el cuerpo.
Según pudo saber La Opinión Austral, la pesquisa también reunió indicios de una eventual colaboración de personal penitenciario para facilitar el ingreso o la circulación de la mercadería.
Mensajes en código, escondites y narcomenudeo
Una vez adentro, la marihuana y la cocaína, mencionadas en código en conversaciones que fueron alzanzadas por las escuchas, se movían entre celdas y espacios comunes.
Otro punto crucial para la organización era que tenía definidos escondites para guardar la droga adentro de los pabellones.
Desde esos escondites, los internos que lideraban la maniobra fraccionaban las dosis para la venta al menudeo.
También fijaban los precios del mercado carcelario, distribuían la sustancia entre otros reclusos y controlaban los pagos.
Muchos de esos cobros se habrían liquidado mediante transferencias electrónicas realizadas por familiares o contactos fuera del penal.
Las pruebas reunidas sugieren además que la red aprovechaba esa estructura logística para comercializar droga fuera de la cárcel.
De ese modo, habría abastecido el narcomenudeo en otros sectores de Río Gallegos.
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