El fin de la Condesa Blanca: manejaba la cocaína en Río Gallegos y movía millones por Mercado Pago
Una dominicana de 40 años lideró una extendida red de narcomenudeo en la capital de Santa Cruz. Le dieron casi 5 años de prisión y será extraditada.
Mercedes Vicente Castillo recibió una condena de 4 años y 9 meses de prisión efectiva, junto a otros dos cómplices, uno de ellos un preso con perpetua y salidas transitorias.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó condena contra Mercedes Vicente Castillo, una ciudadana dominicana de 40 años conocida en el ambiente delictivo como la "Condesa Blanca", quien manejaba una sofisticada red de narcomenudeo en Río Gallegos.
La sentencia cerró tres expedientes mediante juicio abreviado y la declaró penalmente responsable de dos hechos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y uno de tenencia simple.
La Fiscalía General Interina solicitó, y el tribunal ratificó, una pena de cuatro años y nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de una multa económica, según consigna La Opinión Austral, que tuvo acceso al expediente de una investigación que se inició hace ya algo más de un década y, con este fallo abreviado, empieza a cerrar.
Queda pendiente un paso más. Una vez cumplidos los requisitos legales, la Condesa será extraditada del territorio argentino y muy probablemente enviada a su país de origen.
Cocaína, pasamanos y cuentas millonarias
La historia de Castillo es la de una operadora que supo combinar lo viejo con lo nuevo. Mientras en la calle practicaba el clásico "pasamanos" -esa entrega discreta de mano en mano-, en el mundo digital movía cifras millonarias a través de billeteras virtuales.
Todo comenzó en 2015 con una denuncia anónima. La División Narcocriminalidad de la Policía de Santa Cruz inició entonces un trabajo de campo e intervenciones telefónicas que fue desnudando la operatoria de la dominicana y su círculo.
En la primera causa, la encontraron con 5 gramos de cocaína y $16.237 en efectivo fraccionado. Varios testimonios la ubicaban realizando pasamanos de manera reiterada afuera de un comercio.
Pero fue el allanamiento a su domicilio en octubre de 2024 el que reveló la verdadera dimensión del negocio: secuestraron casi 400 gramos de cocaína, balanzas de precisión, recortes de nylon y cerca de $300.000 en efectivo.
Los millones en Mercado Pago que la delataron
El análisis de su teléfono celular fue devastador. Las cuentas de Mercado Pago asociadas a su expareja y a una niñera mostraban un movimiento financiero descomunal: más de $109 millones en una y $27 millones en otra, durante períodos de apenas unos meses. Cifras que evidentemente superaban cualquier actividad legal.
Los audios extraídos del dispositivo la mostraban en plena acción: hablaba de ajustar los precios del "nuevo material" y se quejaba de las advertencias de la AFIP por el movimiento inusual en sus cuentas. La solución era simple: usar otras billeteras virtuales para esquivar los controles.
En su red -claro- no operaba sola. José Ruiz, empleado de un depósito fiscal, cumplía un rol logístico fundamental. Las escuchas telefónicas confirmaron que era él quien contactaba a choferes de larga distancia para que trajeran la "ropa" o "remera" -el código para referirse a la droga- desde el norte del país hacia Río Gallegos.
Cuando allanaron su casa, encontraron 20 gramos de cocaína, una balanza y la suma de $905.000, pruebas contundentes de su participación activa en la comercialización. Ruiz fue condenado a cuatro años de prisión efectiva.
El preso que vendía droga en sus salidas laborales
El caso de Ramón Solari resutla peculiar. Este hombre, que cumplía cadena perpetua en la Unidad N° 6 de Rawson, aprovechaba sus salidas transitorias y laborales en Río Gallegos para vender las dosis de la banda.
Montó su punto de venta en un local comercial céntrico llamado "Las Tres B", donde lo encontraron con 8 gramos de cocaína fraccionada, lista para la venta al menudeo.
Solari también recibió cuatro años de prisión efectiva y fue declarado reincidente por segunda vez, un agravante que evidencia que las duras condenas previas estuvieron lejos de modificar su conducta.
En la banda aparecían implicados otras dos sujetos, identificados como JH Lozano y LNM Arias Espadero. Fueron condenados en la causa más antigua de las tres y recibieron penas de un año de prisión en suspenso, en virtud de que La Fiscalía modificó la calificación legal: pasó de tenencia con fines de comercialización a tenencia simple.
Según se expliucó, si bien entonraron droga en su poder, existía un "déficit probatorio" para demostrar con la certeza necesaria que tenínan la intención de venderla, por lo que se aplicó el principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo)
Arias Espadero, además, fue eximido del pago de multa y costas procesales
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