Afirman que ponen candados en tranqueras en el sur del Golfo Nuevo y en Península Valdés. El antecedente reciente de Bahía Cracker y el fallo del STJ.
El Superior Tribunal de Justicia validó la semana pasada un fallo que ordenó derogar el convenio de la Secretaría de Pesca con una estancia para limitar el acceso a Bahía Creek, en Chubut.
Una coalición de clubes de pesca y organizaciones civiles de Chubut presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Pesca provincial por el presunto cierre ilegal de accesos a playas públicas del Golfo Nuevo Sur y en Península Valdés.
La presentación fue dirigida al secretario Andrés Arbeletche, a quien solicitan que tome las medidas necesarias para terminar con obstáculos que -a su entender- violan la ley que garantiza el libre acceso.
El reclamo tiene un antecedente reciente: la semana pasada, se conoció un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que convalidó la reapertura del acceso a Bahía Cracker, rechazando una apelación de la estancia que había bloqueado el camino.
Ahora, las mismas entidades que imuloaron esa causa realizaron la presentación en el Ejecutivo provincial: son el Club de Pesca, Náutica y Caza Submarina de Trelew, el Club de Pesca y Náutica de Rawson, el Club de Pesca El Golfo de Puerto Madryn, la Asociación de Pescadores Artesanales y la Junta Promotora de la APDH. Todas las entidades coinciden en que la situación constituye una violación directa a la Ley XVII N° 8.
Tranqueras con candados en Chubut
Según detalla el escrito presentado, las restricciones consisten en el cierre de "tranqueras con candados" que obstaculizan el ingreso a Playa Canto y, Playa El Pedral, ambas entre Madryn y la capital provincia, y a Punta Pardelas, en Península Valdés.
Según sostienen, esta conducta de privados limita el derecho ciudadano a disfrutar de espacios que son de carácter público.
Las propias organizaciones recordaron en el escrito que se trata de casos similar al ventilado en el juicio en el que recientemente terminó de zanjar aguas el Superiar Tribunal de Justicia de Chubut, con una sentencia definitiva que confirmó la servidumbre administrativa de paso y la obligación estatal de controlar y garantizar el libre acceso.
El fallo estableció que la Secretaría de Pesca debía intervenir para remover cualquier restricción que impidiera a los ciudadanos ingresar a las playas. La resolución judicial reconoció que estos espacios forman parte del dominio público y, por lo tanto, no pueden ser vedados por particulares.
Con ese aval, ahora los clubes fueron por más y ahora remarcaron que los obstáculos persisten en otras playas, en abierta contradicción con lo resuelto por la Justicia. En este contexto, exigieron al secretario Arbeletche que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley XVII N° 8, que ordena la destrucción de toda obra, construcción o instalación que viole el derecho de acceso a las playas.
La legislación indica que la autoridad competente debe actuar de oficio para restituir la situación a su estado anterior en un plazo no mayor a 30 días. Esto, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a los responsables de la infracción.
El documento presentado ante la Secretaría de Pesca lleva las firmas de Emanuel Delgado (Asociación de Pescadores Artesanales), Alejandro Sandilo (Club de Pesca y Náutica Rawson), Sandro Espiasse (Club de Pesca Deportiva El Golfo), Silvia M. Pecci (APDH del Este Chubut) y Daniel Hughes (Caza Submarina de Trelew).
El antecedente de Bahía Cracker
La resolución sobre Bahía Cracker marca un precedente clave en defensa del derecho colectivo a disfrutar de los espacios naturales. Este paraje, tabmién ubicado en la costa sur del Golfo Nuevo y a pocos kilómetros de Puerto Madryn, es un sitio de alto valor natural y cultural para la comunidad.
Desde hace décadas, pescadores artesanales, buzos deportivos y familias de la región lo eligen para desarrollar actividades recreativas, deportivas y turísticas.
El conflicto comenzó en mayo de 2024, cuando la Estancia Bahía Cracker SRL, propietaria de los campos aledaños firmó un acuerdo con la secretaría de Pesca que autorizó el cierre del camino de ingreso.
Los clubes denunciaban que con una tranquera y candado se bloqueó el único acceso a la playa. Ante esta situación, las mismas entidades que ahora hicieron el pedido formal al secretario de pesca, interpusieron junto a vecinos de la zona una acción de amparo colectivo.
En septiembre del año pasado, la Cámara de Apelaciones de Trelew les dio la razón, declaró nulo el acuerdo y ordenó reabrir el camino. El fallo consideró que la medida afectaba derechos colectivos vinculados al uso y goce del entorno natural, al deporte y al turismo social.
La estancia apeló esa decisión, argumentando que no se trataba de una prohibición absoluta, sino de una restricción parcial para prevenir daños ambientales y hechos delictivos.
Sin embargo, el Superior Tribunal desestimó esos argumentos y sostuvo que el cierre del acceso vexcedía las facultades de la Secretaría de Pesca y contradecía la normativa vigente.
Además de confirmar la reapertura, el máximo tribunal provincial impuso las costas del proceso a la parte apelante.
Con la sentencia, quedó firme la obligación del estado provincial de mantener habilitado el camino, garantizando que pescadores, buzos y familias puedan seguir disfrutando de ese sitio emblemático del litoral chubutense.
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