Incendio de la Casa de Gobierno de Chubut: piden hasta 6 años de cárcel para los acusados y que paguen daños

Luego de una semana con extensas jornadas plagadas de ausencias que obligaron a postergar una y otra vez las audiencias, este viernes se llegó al fin a los alegatos finales en el juicio oral contra los 8 acusados por el incendio de la Casa de Gobierno de Chubut y otros edificios públicos de Rawson, ocurridos durante una marcha antiminera de diciembre de 2021.

La fiscal general Florencia Gómez repasó los pedidos de condena contra los ocho imputados, que incluyen penas de hasta 6 años de cárcel. Pero además, desde fuera del ámbito judicial, el gobernador Ignacio Torres salió a decir públicamente que los responsables de los desmanes deben afrontar lo que hicieron pagando los daños de su propio bolsillo.

Gómez aseguró en su exposición final que luego del testimonio de los testigos que presentó y el análisis de la prueba documental, "quedó acreditada la materialidad de los hechos y la autoría de los mismos".

"Los daños quedaron acreditados por los relevamientos realizados a posteriori de los hechos, con edificios que no estaban preparados para soportar semejantes niveles de temperatura, datos que constan en los informes realizados y luego ratificados en el debate", puntualizó.

Incluso, resaltó que los relevamientos de los peritos, según lo expresado en el juicio, constataron “riesgo de derrumbe en muchos de los lugares afectados".

En ese sentido, destacó el trabajo de los peritos e investigadores policiales, que fueron la base de su estrategia en el juicio. Dijo que "todos los delitos traídos a este debate fueron documentados por fotografías y cámaras de seguridad, obtenidas de manera legal". Fue esa la base de los testimonios de sus testigos.

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La fiscal Florencia Gómez agradeció a los peritos que analizaron imágenes en busca de establecer responsabilidades de los acusados.

Además, Gómez opinó que "la defensa no pudo contrarrestar las pruebas que aportó el Ministerio Público Fiscal y que "no hay duda cómo se produjeron los hechos, los autores y los desmanes que ocasionaron". Afirmó también que todos "fueron documentados in fragantti delito".

"Se trata de daños agravados por haberse producido en edificios públicos y un móvil policial que resultó absolutamente destruido", expresó la fiscal, quien también argumentó que los imputados "aprovecharon la situación de conmoción y de los incendios para saquear y apoderarse de elementos, muebles y bienes públicos".

El acusado más complicado dijo que no estuvo en la marcha

Al momento de su alegato, el defensor Miguel Moyano, que asiste al acusado para el que pidieron seis años de cárcel, cuestionó la posición del Ministerio Público Fiscal y afirmó que la única prueba en contra de su asistido "es una campera", una prueba que es "dubitada".

Su defendido, Mauricio Vargas, está sospechado del delito de hurto agravado, además de incendio intencional contra edificios públicos.Pero para el abogado, el imputado "no estuvo en el lugar de los hechos".

Gómez considera probado que ingresó a provocar daños en el edificio del Superior Tribunal de Justicia, iniciar un incendio en la sede de la Procuración y robar una computadora, por lo pidió esa importante pena.

El resto de los imputados fueron asistidos por el defensor oficial Pablo Sánchez. A Lautaro Martínez, uno de los que fue detenido por ausentarse durante el juicio, Gómez lo acusa de intentar prender fuego papeles, tirar al piso una impresora, arrojar un dispenser de agua y robar una luz de emergencia. En su caso, pidieron cuatro años de prisión.

Mismo monto se solicitó para G. V., quien tenía 17 años al momento de producirse los hechos. Lo acusan de dañar a pedradas el frente del Superior Tribunal de Justicia y robar un matafuego del interior de la oficina de la Procuración General. A este imputado, hace exactamente una semana, la policía tuvo que ir a buscarlo a su casa para llevarlo por la fuerza a la audiencia: lo encontraron durmiendo y tuvieron que sacarlo de la cama.

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Algunos de los acusados por los incidentes en una marcha antiminera en Chubut.

Nicolás Díaz está acusado de hurto agravado, señalado por robar un bidón de 20 litros de un dispenser de agua durante los desmanes. Tiene antecedentes penales y la Fiscalía pidió tres años de prisión.

La misma pena se pidió para Brian Díaz, acusado de provocar daños en el Superior Tribunal de Justicia y en la Fiscalía de Rawson.

El imputado Damián Díaz, señalado como la persona que rompió las ventanas del edificio del Superior Tribunal de Justicia, podría recibir en tanto un año y ocho meses de prisión, que en principio no sería de cumplimiento efectivo.

Los últimos dos imputados son Lucas Espinoza y Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza. El primero está acusado de romper los vidrios de un vehículo del Área de Finanzas de la Policía del Chubut, aledaño a la Comisaría de Rawson. Para él pidieron un año y ocho meses de prisión.

La joven, también detenida durante el juicio por faltar a las audiencias -según dijo- porque se quedó dormida-, está acusada de tirar piedras y romper una ventana de la Procuración General. Para ella pidieron dos años de prisión en suspenso.

El pedido del gobernador de Chubut

Por su lado, el gobernador Ignacio Torres pidió sanciones económicas "ejemplificadoras" tanto para los que eventualmente vayan a la cárcel, como para los que reciban penas que no son de cumplimiento efectivo.

"Nosotros lo dijimos desde el día uno, cualquiera que atente contra el patrimonio de todos los chubutenses es un delincuente y tiene que pagar las consecuencias como corresponde de su bolsillo", expresó el mandatario

"Son muchos los millones que costó la reparación de la Casa de Gobierno y de otros inmuebles que fueron vandalizados, ojalá más allá de que tengan una condena ejemplificadora también tengan que poner de su bolsillo para que sepan que las cosas valen", agregó.

Nacho Torres gobernador de Chubut

Ignbacio "Nacho" Torres, gobernador de Chubut.

Torres destacó la decisión de su administración de avanzar con estas causas y marcó un contraste con otras épocas: "Siempre se hacía lo mismo. Para no tener problemas hacemos de cuenta que no pasó nada y evitamos conflictos. Pero eso no se va a hacer más" afirmó.

Y continuó: "Nosotros hemos tenido incluso pedidos de levantar la pata con algunas cuestiones judiciales de algunos que han roto patrimonio de todos los chubutenses a cambio de no hacer reclamos supuestamente en voz de los trabajadores. Bajo ningún punto de vista vamos a dejar de judicializar todos los hechos de vandalismo".

"No nos importa de qué gremio sean o nos importa de qué barra, de qué club sean, quienes rompieron patrimonio de los chubutenses tienen que pagar las consecuencias", concluyó Torres, que consultado sobre el tema, anticipó que la reinauguración de la sede de gobierno tras los arreglos "no va a pasar" de los próximos 10 días e incluso podría darse la semana próxima.