Tras la decisión de la Cámara Penal, detuvieron a dos de los seis declarados culpables por los incidentes en una marcha antiminera de hace 4 años.
Este viernes, la Cámara Penal de Trelew ratificó las condenas impuestas en primera instancia a los seis manifestantes juzgados por los incidentes y el incendio de la Casa de Gobierno de Chubut y otras oficinas públicas durante una marcha antiminera del 16 de diciembre de 2021 en Rawson.
Dos de ellos recibieron penas de prisión de cumplimento efectivo, y tras quedar firme la sentencia, la fiscalía pidió su inmediata detención, que según informaron fuentes oficiales ya fue concretada.
El fallo de los camaristas Adrián Barrios, Alejandro De Franco y César Zaratiegui se conoce cuando a nivel nacional el tema de los límites y habilitaciones a la minería está en el centro de la agenda, a partir del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y la habilitación de proyectos de extracción en distintas provincias que genera resistencia entre ambientalistas y algunas comunidades locales.
La cámara validó la teoría del caso sostenida por la fiscalía y convalidada en primera instancia por la jueza Eve Ponce, quien los declaró culpables en abril, y su par Javier Allende, que la remplazó luego de que las defensas la recusaron y definió las penas.
Ahora, en esta instancia superior, los magistrados analizaron los recursos presentados por los abogados de los condenados y concluyeron que no lograron fundamentar de manera adecuada los pedidos de nulidad ni acompañarlos con pruebas suficientes para invalidar las resoluciones cuestionadas.
Durante la audiencia de revisión, las defensas intentaron cuestionar distintos aspectos del proceso y de las sentencias, pero la fiscal general jefe de Rawson, Florencia Gómez, respondió cada uno de los planteos en tiempo y forma, según informó el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, el tribunal consideró que los argumentos expuestos no alcanzaban para revertir lo resuelto en el juicio y convalidó tanto la declaración de responsabilidad penal como la imposición de las penas.
Las penas de los condenados que van presos
La pena más severa dictaminada en el juicio recayó sobre Mauricio Nahum Vargas, condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de incendio y hurto agravado en la Procuración General. La Cámara coincidió con que está acreditado que fue quien ingresó el fuego al lugar del incendio.
Damián Díaz es el otro procesado que irá a la cárcel, con un año y 8 meses de prisión por daño agravado contra el Superior Tribunal de Justicia, que deberá cumplir tras las rejas.
En tanto, quedó firme la pena de un año de prisión en suspenso por daño agravado para Lucas Alexis Espinoza Andrade, Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza, Nicolás Alejandro Díaz y Gastón Velásquez.
En total el caso tuvo 8 imputados, dos de los cuales quedaron libres de culpa y cargo durante el proceso, por decisión de la jueza Ponce.
Uno de ellos es Brian Díaz, que era menor de edad cuando ocurrieron los incidentes. El otro, Lautaro Martínez, fue hallado sin vida en el departamento que habitaba en Rawson horas antes de la audiencia de cesura de pena. El joven se suicidó sin enterarse que quedaría libre de culpas.
Además, hubo otros tres involucrados que optaron por aceptar su culpabilidad en juicios abreviados, con acuerdo de la pena con la fiscalía y así evitaron el procesamiento.
Los incidentes de 2021 en Chubut
Los hechos investigados ocurrieron el 16 de diciembre de 2021, entre las 19:30 y las 21 horas, cuando miles de personas se manifestaban pacíficamente en contra de la Ley de Desarrollo de la Minería que había sido aprobada por la Legislatura provincial.
Según la acusación, un pequeño grupo de manifestantes atacó diversos edificios públicos, entre ellos la Casa de Gobierno, donde lograron ingresar y prender fuego en distintas salas.
También resultaron dañados el edificio del Ministerio de Educación, oficinas del Superior Tribunal de Justicia, la Comisaría de Rawson, la Sección Finanzas de la Policía Provincial, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura Provincial, el Juzgado Federal y las oficinas de SEROS.
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