Una obra social deberá devolverle la cobertura que le había sacado a un represor preso

La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) tendrá que reponer la cobertura de salud de Carlos Españadero, un represor en prisión domiciliaria, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, durante la dictadura de 1976 a 1983.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia le ordenó la restitución del beneficio a OSFA, la obra social recientemente creada por el Ministerio de Defensa de la Nación en reemplazo de la antigua IOSFA, actualmente en proceso de liquidación.

Los crímenes de Españadero

Españadero, de 95 años, acumula dos condenas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

La primera de las condenas, a prisión perpetua, se la impuso en 2014 el TOF comodorense por su participación en el secuestro y el asesinato del conscripto José Luis Rodríguez Dieguez en el Regimiento de Sarmiento, Chubut, en 1976.

En 2021, el TOF 6 de la Ciudad de Buenos Aires le aplicó a Españadero la segunda condena: 16 años de prisión por el secuestro, tormentos, coacción y abuso deshonesto de 17 víctimas.

Carlos Españadero fue condenado dos veces por delitos de lesa humanidad.

Según explicó el abogado defensor público del ex militar, Luis Carlos Azparren Almeira, marzo de este año, el Ejército formalizó la baja de la cobertura de salud debido a la gravedad de las condenas que pesan sobre Españadero.

El planteo de la defensa

En el reclamo al que, finalmente, el TOF hizo lugar, el letrado describió que el represor tiene actualmente “una economía de subsistencia” a la cual aportan tres de sus seis hijos.

“No alcanzan a cubrir las necesidades de medicamentos y alimentación del condenado”, afirmó.

“Resulta insostenible para la familia afrontar el costo de los medicamentos sin esa cobertura médica que funcionó hasta abril”, añadió el abogado.

En el planteo se subrayó, además de la avanzada edad del detenido, que tiene problemas de hipertensión, artrosis, asma y circulación, “prescindió de los remedios y redujo su costo, busca apoyo en los hospitales del Estado pero lo perjudica la falta de disponibilidad financiera ya que debe utilizar taxis y le resulta oneroso”.

Españadero revistó en el Ejército y luego en el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) hasta 1980.

Posteriormente fue docente terciario y universitario, taxista, y supervisor y jefe de personal en empresas de seguridad. Según se estableció en la demanda, estuvo afiliado a IOSFA -y, más recientemente, a OSFA- desde que era cadete militar, durante aproximadamente 70 años.

Una obra social en crisis

La situación judicial tiene lugar, además, en el contexto de una enorme crisis que envuelve a la obra social tras la decisión del Gobierno nacional -durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa- de liquidar el antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y crear dos nuevas entidades: OSFA para los militares y Osffeseg para las fuerzas federales de seguridad.

A partir de entonces, se sucedieron los reclamos de los ámbitos castrense y policial, en medio de una situación de colapso operativo y financiero, por la falta de cobertura en salud, denuncias por desvíos de fondos y conflictos internos como el que, hace pocos días, derivó en la renuncia del titular de OSFA, el coronel retirado Ariel Guzmán, tras una controversia con el presidente de la residual IOSFA.