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La Mañana abuso sexual

Dos trabajadores de un hogar fueron acusados por maltrato y abuso infantil a varios niños

Se trata de una mujer y un hombre, trabajadores del Estado. Al menos ocho niños y niñas serían las víctimas de abuso infantil y maltrato.

Un hombre y una mujer que se desempeñaban como auxiliares en un hogar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de General Roca fueron imputados por presuntos hechos de maltrato y abuso sexual contra niños y niñas que se encontraban bajo cuidado estatal. La decisión fue tomada por el juez de Garantías, quien además estableció un plazo de dos meses para avanzar en la investigación penal.

Según la acusación fiscal, avalada por la defensora de menores, se investigan tres hechos ocurridos entre abril de 2021 y septiembre de 2023. En uno de ellos, ambos imputados habrían ejercido maltratos físicos y psicológicos contra al menos ocho niños y niñas. Además, se los acusa de haber amenazado a las víctimas para que no revelaran lo sucedido.

Los otros dos hechos pesan exclusivamente sobre el imputado varón, a quien se le atribuyen tocamientos a tres de los menores y amenazas a una de las víctimas. Por estos hechos, fue imputado por los delitos de amenazas coactivas continuadas y abuso sexual simple agravado por su rol como encargado de guarda, en calidad de autor y en concurso real. En tanto, la mujer deberá responder por el delito de amenazas coactivas continuadas, en calidad de coautora.

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Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal se incluyen la denuncia de la Coordinadora Institucional del hogar, declaraciones de trabajadores del lugar, informes de la SENAF y de la psicóloga de la institución, así como intervenciones de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI). También se incorporaron registros de Cámara Gesell, documentación de la Junta de Disciplina de Río Negro y las certificaciones laborales de los imputados.

Durante la audiencia de formulación de cargos, los defensores particulares cuestionaron la validez de la prueba presentada. En el caso de la imputada, su defensor argumentó que los hechos no fueron registrados en los libros de la institución y que se trataría de una situación administrativa interna. Por su parte, el abogado del imputado sostuvo que “llama la atención que durante tres años nadie haya advertido ni denunciado el caso”.

Pese a estos planteos, el juez dio por formulados los cargos y fijó el cierre de la etapa investigativa para el 18 de agosto.

Desde el Ministerio Público se informó además que, en el marco de una medida cautelar dispuesta previamente por una jueza de Familia, ambos imputados tienen vigente una prohibición de acercamiento a los menores involucrados en la causa.

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