Estafa a la Clínica Pasteur: los cómplices deben devolver parte del dinero y sigue el juicio civil
Tras la estafa, obtuvieron una suspensión de juicio a prueba por tres años y deben devolver los montos históricos. La clínica Pasteur apuesta al juicio civil.
La defraudación millonaria a la Clínica Pasteur tuvo este viernes una audiencia clave ante la jueza Estefanía Saulí. A esta etapa llegaron siete imputados que no quisieron acordar a lo largo del proceso y que ensayaron un arreglo de última hora en el que ofrecían devolver a la clínica el valor histórico, es decir, montos irrisorios, y obtener una suspensión de juicio a prueba para evitar el antecedente penal.
La palabra clave de esta audiencia fue: vergüenza. Ninguno se disculpó ni mostró arrepentimiento. Eso sí, estaban ofendidos porque salieron sus fotos en el diario. Lo que no recuerdan es que delinquieron y fueron imputados por una estafa millonaria y las audiencias son públicas. Tarde se acordaron de cuidar el buen nombre.
La maniobra de la estafa
La estafa a la Pasteur fue cuidadosamente orquestada por Abel de la Cruz Retamal, un joven carismático de Cinco Saltos que aprovechó su posición de confianza en la clínica, responsable de liquidar los sueldos, para desviar fondos de manera sistemática durante tres años, involucrando a quince personas más, entre parejas, amigos, empleados y exempleados.
Que quede claro, nadie los obligó a participar de la maniobra defraudatoria, todos accedieron de forma voluntaria. Ninguno cayó bajo un hechizo de Retamal, todo lo contrario, todos buscaron hacerse de “guita fácil”.
La maniobra consistía en que Retamal los hacía figurar en el sistema como empleados y desviaba fondos a sus cuentas. Luego, arreglaba con sus cómplices para obtener los retornos del caso.
El monto de la defraudación, actualizado por la fiscalía de Delitos Económicos, a abril de 2024, asciende a 228 millones de pesos y en el informe especial que publicó LMN pueden ver “Los detalles, los millones y todos los nombres”.
Las propuestas de los defensores
Seis estafadores llegaron de la mano de un defensor público. El profesor de la UNCo, Leandro Torres; Susana Palleres; Arnaldo Andrés Jimenez; Juan Guillermo Larena; Adriana Domínguez y Fabio Amaza.
Todos ofrecieron devolver el monto histórico de la estafa, se pidió la suspensión de juicio a prueba para evitar el antecedente penal y se ofrecieron a realizar trabajos comunitarios.
Por su parte, Valeria Lujan Marcello, que fue la supervisora de enfermería durante muchos años en la clínica y considerada una empleada de confianza, se presentó con abogado particular, el ex juez Marcelo Muñoz.
Fue la más resistente a todo. No ofreció ningún tipo de reparación, pretendía una probation de un año y en vez de realizar tareas comunitarias ofreció pagar 10 mil pesos por mes y durante un año a una entidad de bien pública.
El ofrecimiento que realizaron las defensas no convencieron ni al fiscal Juan Manuel Narváez, ni al querellante Juan Coto, pero pasaron cosas. Se aceptaron las propuestas de dos imputados.
Adriana Domínguez ofreció pagar tres millones de pesos que tienen que cobrar de una indemnización y como carece de patrimonio alguno se terminó aceptando la propuesta. En tanto, Amaza, ofreció vender un auto y entregar el dinero para cubrir poco más de 6 millones pesos.
Ambos se retiraron de la sala con una probation de tres años y tareas comunitarias que se les asignaran. Tienen 30 días para cumplir con la parte financiera acordada, de lo contrario se cae la probation.
Probation
Con el resto de los imputados no hubo acuerdo, por lo que la jueza Saulí pasó a deliberar por espacio de 30 minutos que extendió por otros 30 más.
Al final, contemplando la situación particular de los cinco imputados que quedaban se terminó resolviendo dictar la probation por tres años a cada uno, tareas comunitarias y se aceptó los ofrecimientos económicos del caso que si bien son montos muy alejados de la realidad, tienen un valor simbólico importante tanto para la fiscalía como para la querella.
"Estamos conformes con el resultado de nuestro abogado y la fiscalía. Ahora continuaremos con el juicio civil que llevamos adelante y por el cual todos los imputados se encuentran inhibidos", confió Beatriz Peláez apoderada legal de la clínica.
En lo penal solo restan cuestiones formales, pero la fiscalía de delitos económicos puso la vara alta a futuro. En una causa donde 16 personas participaron de una estafa millonaria, todos sufrieron las consecuencias, no quedó impune.
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