Muerte de un municipal en un operativo policial: por qué la causa sigue en stand by

Pasó casi un año y medio desde la muerte del municipal de Villa La Angostura, Robinson Gatica, en un confuso operativo policial. Las partes se encuentran a la espera de un informe clave que debe llegar de Nación para determinar si es posible o no avanzar con la acusación contra los policías y por ello, se extendió una vez más el plazo de investigación.

La teoría del caso que investiga la Fiscalía es que el hecho ocurrió el miércoles 20 de julio de 2022 cerca de las 6:30 de la mañana, cuando cinco policías provinciales que prestaban servicio en la Comisaría 28 concurrieron a una casa del barrio Las Piedritas tras recibir un pedido de ayuda efectuado desde la vivienda en la que se produjo el hecho, y donde la víctima se encontraba junto a familiares.

En estas circunstancias, Robinson Gatica agredió a los efectivos con un arma blanca y el uniformado Víctor Hugo Muñoz, junto a otros policías, ingresaron al domicilio de la víctima. Una vez allí, intentaron reducirlo pero no pudieron por lo que volvieron a salir. La pareja de Gatica logró que el hombre le entregara el cuchillo que tenía y lo tiró fuera de la vivienda.

Ante esta situación, los efectivos efectuaron disparos con una escopeta con perdigones de goma e ingresaron nuevamente y Muñoz habría efectuado un disparo. Tras golpear al dueño de casa y ante su resistencia, lograron reducirlo. Inmediatamente, los policías requirieron la intervención de una ambulancia y una vez que los médicos llegaron, constataron que Gatica había fallecido.

Es por esto mismo que los cinco efectivos que acudieron a la vivienda se encuentran acusados como coautores del delito de homicidio agravado por abusar de su función como miembro integrante de las fuerzas policiales.

La causa ha tenido sus idas y vueltas y es que el fiscal Adrián De Lillo junto a los querellantes Virgilio Sánchez y Lorena Miani sostienen que los responsables de la muerte de Gatica fueron los uniformados, quienes habrían agredido al hombre hasta llevarlo a la muerte. En contraposición, el defensor particular Cristian Pettorosso sostiene -apoyándose en uno de los informes emitidos- que el deceso fue producido por un consumo de droga y hasta llegó a postular que los propios familiares de la víctima lo hayan agredido antes de la llegada de los policías hoy acusados.

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Julián Campos

Ambas partes han debatido la interpretación de los informes médicos recabados como prueba y todo esto llevó a que el fiscal del caso envíe el legajo al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que tomen conocimiento y emitan una opinión clínica dirimente, respecto de lo cual aún se esperan noticias.

En ese marco, esta semana se realizó una nueva audiencia en la que se pidió ampliar la investigación una vez más, dado que el plazo límite se cumpliría este 20 de noviembre.

El fiscal Adrián De Lillo también requirió la prórroga respecto de las medidas que cumplen los policías acusados, argumentando que no ha habido incumplimientos y que el delito investigado es grave.

Los abogados querellantes Miani y Sánchez, junto a las defensas, adhirieron a la propuesta de la fiscalía respecto del plazo de investigación, pero los defensores pidieron la moderación de las medidas cautelares para una defensa técnica más efectiva, argumentando la necesidad de movilidad para los imputados.

Finalmente, la jueza Ojeda decidió extender las medidas cautelares por cuatro meses más, manteniendo las restricciones actuales de acercamiento a ciertos lugares y a las víctimas y testigos.