Venció el plazo y no hay psicólogos para los presos

Neuquén.- Venció el plazo otorgado al ministro de Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradi Diez, para que se garantice la asistencia en materia de salud mental a los internos de las unidades de detención. Más concretamente, la jueza de ejecución Raquel Gass ordenó en una audiencia que el ministro “asigne un psiquiatra a la Unidad 11 y que se otorguen turnos en salud mental del hospital para los internos”.

Gass confió a LM Neuquén que “si bien con la situación actual del Gobierno con ATE no se está atendiendo a la sociedad en general, en la audiencia se había dado un plazo de veinte días para la designación de un psiquiatra”, plazo que ya venció. En caso de no cumplirse luego de una segunda audiencia a realizarse, se lo puede intimar al ministro por desobediencia a una orden judicial.

Esto se inscribe en una realidad complicada dentro de las cárceles. Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, y amparados en la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, se vela por el cumplimiento de este derecho a la salud mental de los privados de la libertad que abarca el acceso, cuidado y/o mejoramiento de la misma, con un horizonte claro que responde a la inclusión de estas personas en el ámbito social una vez que recuperen la libertad.

En diálogo con LU5, los jueces de ejecución Florencia Martini y Alejandro Cabral destacaron la poca voluntad política para invertir en las cárceles y adelantaron que no se había solucionado la falta de atención psicológica.

Cabral subrayó: “Es casi imposible actualmente que un condenado pueda tener tratamiento psicológico dentro de la unidad y además es muy difícil que afuera los quieran tratar; se le exige un montón de cosas al condenado y no se le dan los recursos por parte del Estado”.

Habeas corpus

El 2 de noviembre hubo una audiencia que contó con la presencia de la defensora de Ejecución Luciana Petraglia, quien presentó un habeas corpus que, entre varios planteos, hablaba de la asistencia en materia de salud mental de los internos. Además, estuvieron presentes el ministro Corradi Diez y la directora de Salud, Andrea Peve.

Tras escuchar a las partes, la jueza Gass cuestionó el poco contacto que tienen los directores de hospitales con el Poder Judicial. “No hemos podido tomar contacto nunca con los operadores”, aseguró.

Ahora queda una próxima instancia de audiencia para evaluar la situación, que puede derivar en una intimación por desobediencia a una orden judicial para Corradi Diez en caso de que este panorama dentro de las cárceles neuquinas no cambie.

Por lo pronto, los internos siguen sin poder acceder a la atención mental garantizada por ley y por tratados internacionales.

“No hemos podido tomar contacto, nunca, con los operadores del sistema de salud”, afirmó Raquel Gass, jueza de Ejecución penal de Neuquén.

De irrecuperables y víctimas del sistema

El habeas corpus presentado por la defensora de ejecución Luciana Petraglia es más amplio. Allí se plantea también el derecho a la educación que tienen los internos y al tratamiento criminológico, lo que abre otro punto de debate: ¿qué ocurre con aquellos que salen después de haber estado presos en situaciones en las que no se les garantiza una reinserción social?

Los jueces de impugnación Florencia Martini y Alejandro Cabral, en LU5, hablaron sobre la mirada que existe de los presos como supuestos “enemigos”. La jueza Martini confió que la cárcel es vista “como un territorio paralelo por fuera de la ciudad donde se pone a todas las personas que sean potenciales atentadores al orden social”.

Lo que plantean ambos jueces no es tan descabellado. Basta con pensar en la función teórica social que se les da a las cárceles, la función de recuperar a las personas que han delinquido y reinsertarlas en la sociedad, pero lo primero que se hace es excluirlas y, en muchas ocasiones, vulnerarles derechos, cuando el único derecho que pierden al caer presos es la libertad. En paralelo, los políticos prefieren no hablar del tema porque es “piantavotos”.