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Affaire de las ordenanzas no publicadas: el Frente de Todos será querellante

Los concejales Servidio y Zuñiga fueron admitidos en el proceso por el juez Zavala, quien revocó una decisión del Ministerio Público.

Los concejales del Frente de Todos fueron admitidos como querellantes en la causa penal que investiga el cajoneo de ordenanzas que fueron aprobadas durante el gobierno municipal de Horacio "Pechi" Quiroga. Marcelo Zuñiga y Ana Servidio participarán del proceso penal por decisión del juez Mauricio Zavala, quien revocó el rechazo del fiscal Diego Azcárate al pedido de los ediles para actuar como querellantes en el expediente.

La causa se inició por una denuncia de los concejales peronistas, según la cual la administración de Quiroga obvió la publicación de más de 50 ordenanzas aprobada por el Concejo Deliberante en el Boletín Oficial. No hay imputados todavía en el caso.

“Corresponde revocar la decisión de la fiscalía y tener por querellante a Marcelo Zuñiga y Ana Servidio, con representación del doctor (Bruno) Vadalá, ya que el solo hecho de la representación de la función pública que tienen creo que es un acto suficiente para tener un interés legítimo en que las resoluciones y los procedimientos administrativos en cumplimiento de las resoluciones de ese órgano se cumplan”, escribió el juez Zabala en una resolución dada a conocer el martes al mediodía.

Concejo Deliberante

Vadalá consideró que “cuando se investigan conductas de funcionarios públicos la participación ciudadana en los procesos penales debe alentarse, porque esa participación de la ciudadanía es un pilar básico del sistema democrático, y el Ministerio Público Fiscal debería adoptar mecanismos para promover esa participación”.

Una de las ordenanzas que la anterior gestión municipal no publicó en el Boletín Oficial es la que sanciona a las tomas VIP. El actual secretario de Gobierno municipal, Juan Hurtado, fue quien descubrió que la ordenanza del 2016, que multaba a los usurpadores de tierras, nunca se oficializó.

Rincon Club de Campo

Con esa norma en ejecución, por ejemplo, el Rincón Club de Campo podría llegar a pagar 40 millones de pesos mensuales por las 8 hectáreas de tierra pública que anexó ilegalmente a su predio.

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