Casi liberan a un asesino cipoleño por un certificado médico trucho

Jueces cipoleños advirtieron irregularidades en informes carcelarios.

Frente a los antecedentes de peligrosos condenados que lograron el beneficio de la excarcelación y que, sin demorarse, volvieron al delito, los jueces cipoleños revisan con lupa cualquier pedido que ingresa al edificio de Urquiza y España y se expiden de forma negativa ante situaciones confusas. Fue lo que sucedió con el informe que beneficiaba al asesino de un joven en el barrio Anai Mapu, con actas irregulares elaboradas por el Consejo Correccional de la cárcel de General Roca, según se especificó desde el Poder Judicial provincial.

La medida tenía relación con un pedido de ampliación de salidas transitorias para el interno Pablo Rojas, un cipoleño que purga una pena de 14 años por el asesinato a balazos de Otto Gutiérrez en el 2011. El castigo recién expira en 2025, y el criminal solo pudo acceder a salidas limitadas. De igual modo, pretendía más beneficios e impulsó una solicitud apoyándose en una serie de informes positivos de los integrantes del Consejo Correccional.

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Pero a diferencia de otros expedientes vinculados con presos alojados en el Establecimiento de Ejecución Penal 2, los magistrados de Cipolletti advirtieron que había fechas adulteradas. “Tal como señaló la fiscal Rita Lucía, las actas son documentos públicos y no pueden ser adulteradas sin ser salvadas, de lo contrario, pierden credibilidad y fuerza legal. Quienes suscriben los informes son funcionarios públicos y deben saber cuáles son sus obligaciones, sobre todo en un tema tan sensible como este. Además, deben ser anteriores a la reunión del Consejo Correccional. De acuerdo con la ley, el Consejo debería reunirse y discutir con las distintas áreas para llegar a una conclusión. De lo contrario, se desnaturalizan algunos institutos”, destacó la jueza Alejandra Berenguer.

Junto con la titular del tribunal, se pronunciaron en el mismo sentido los jueces Florencia Caruso y Guillermo Baquero Lazcano.

Las irregularidades en el acta ya habían sido advertidas por la fiscal Lucía y por ello el juez de ejecución Lucas Lizzi dictó la nulidad. La defensa pidió la revisión y alegó que había sido un “error de tipeo”.

Como se insistió en el reclamo de las salidas, tuvo que intervenir el tribunal de Cipolletti.

No quieren más hechos graves

En 2013, Pablo Sebastián Rojas fue condenado a 14 años de prisión por los delitos de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y homicidio simple agravado por el uso de arma. La víctima fue el joven Otto Gutiérrez, y el hecho ocurrió en el barrio Anai Mapu en 2011. Rojas agotará su condena en 2025.

Lo sucedido con el informe del Consejo Correccional de la cárcel roquense puso en alerta a los funcionarios judiciales de la Cuarta Circunscripción, que cada vez están más estrictos con temas sensibles como las salidas y excarcelaciones. La ciudad, lamentablemente, fue escenario de varios hechos protagonizados por peligrosos delincuentes, que habían recibido distintos tipos de beneficios tras sucesivos reclamos.

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