Cayó el cobrador de los certificados truchos de la Policía

Por Guillermo Elía - [email protected]

A los 35 policías acusados por la maniobra de los certificados médicos truchos se sumará un empleado de comercio que fue marcado, por una decena de imputados, como la persona a cargo de tomarles el pedido, entregarles el certificado y cobrárselo en una casa de la calle Lanín al 300 de Neuquén.

La fiscalía de Delitos Económicos alista todo para acusar en estos días a este empleado de comercio que es una pieza clave de la organización que dio pie a la masiva defraudación que perjudicó en 314 mil pesos a la Policía. El monto surge de la cantidad de días que faltaron a trabajar y que debió ser abonada por la Provincia.

El microemprendimiento delictivo lo llevaron adelante tres personas entre el 6 de abril de 2016 y el 5 de septiembre de 2019 cuando fue descubierto, de casualidad, por un efectivo del departamento de Servicios Sociales de la Policía.

Los más complicados hasta ahora son la agente Mayra Cruz, que habría redactado casi un centenar de certificados, incluso antes de ingresar a la Policía, y Claudio Gajardo Cid, que hizo casi una decena de acuerdo con las pericias caligráficas que se realizaron.

Cruz está acusada por defraudación especial doblemente agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y por ser funcionaria pública, y falsificación de documento privado en calidad de autora. Sobre Gajardo pesan los mismos cargos, pero por una menor cantidad de certificados.

Ahora, a estos dos se sumaría el empleado de comercio por defraudación en perjuicio de la administración pública como partícipe necesario.

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La maniobra

Los distintos testimonios reunidos permitieron reconstruir cómo era el entramado de esta pequeña organización dedicada a la comercialización de certificados truchos.

Cuando algún policía quería faltar al trabajo, para tomarse un fin de semana largo o simplemente hacer fiaca en la casa, se ponía en contacto con un número de celular que se pasaban entre los mismos compañeros de trabajo.

Del otro lado de la línea atendía este hombre, que será acusado, al que solamente bastaba con que le dijeran que querían un certificado. A partir de ahí, solicitaba los datos personales del efectivo, su número de DNI y la cantidad de días que necesitaba, que por lo general eran entre dos y tres, esto se traducía en términos médicos al certificado como 48 o 72 horas de reposo. En algunos casos era tan burdo todo que, en vez de poner el diagnóstico que tenía el agente, directamente daban cuenta de los síntomas, como fiebre, dolor de cabeza o de estómago.

La transacción se concretaba cuando el policía interesado se acercaba al domicilio de la calle Lanín, donde el empleado de comercio involucrado se encargaba de entregarle el certificado y cobrarle entre 300 y 500 pesos, valor que variaba de acuerdo con la cantidad de días pedidos. Para concretar la maniobra, esta banda se encargó de falsificar la firma de tres médicos de los cuales tenían sus sellos. Los tres profesionales de la salud, cuando fueron convocados por la fiscalía, admitieron que eran sus datos y número de matrícula, pero no su firma, y sumaron su testimonio a la denuncia.

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Ahora la fiscalía pedirá una pericia caligráfica para comprobar si tanto Cruz como Gajardo Cid, además de redactar los certificados, también los firmaban, que es lo más previsible, pero a los fines legales es necesario generar y tener la prueba que los terminaría de complicar en la masiva defraudación.

Lo mandaron al frente

Al empleado de comercio lo mandaron al frente al menos una decena de los policías que están acusados en la causa. Incluso, la agente Mayra Cruz (ver recuadro) afirmó a LMN, en una entrevista exclusiva, que siempre creyó que estaba yendo a la casa de un médico que le vendía el certificado. De ahí que la fiscalía continuó investigando al hombre y ahora está a punto de formularle cargos.

No se descarta que el fiscal pueda reunir elementos suficientes como para ver la posibilidad de avanzar en una causa por asociación ilícita, ya que hay sospechas de que también comercializaban certificados a empleados públicos provinciales y municipales.

En ese sentido, se aguarda que tanto Provincia como Municipio respondan un pedido de informes de fines del año pasado que podría complicar aún más a los tres involucrados directos de este microemprendimiento delictivo.

-> Mayra Cruz: “Pagué por cuatro certificados, pero yo no los hice”

La agente Mayra Cruz, principal involucrada en la causa de los certificados médicos truchos, habló en su momento con LMN luego de que la pasaran a disponibilidad en la Policía.

La joven aceptó haber comprado y utilizado cuatro partes médicos, pero desmintió haberlos confeccionado de puño y letra, tal como lo establece la pericia caligráfica realizada por la fiscalía.

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La agente está en la mira por certificados realizados entre el 6 de abril de 2016 y el 5 de septiembre de 2019. Adujo que había ingresado a la Policía en 2017 y lo que sostiene fiscalía, según los peritajes, es que los redactaba desde antes de ingresar a la fuerza.

Sobre los certificados, Cruz explicó: “Por razones personales necesitaba un certificado médico y mis compañeros me facilitaron el contacto de una persona que me lo podía hacer. El contacto se pasaba entre compañeros, como que era un médico que te hacía un certificado y vos pagabas”, describió, a la vez que aceptó que la maniobra era ilegal.

“Fui a buscarlo y lo aboné como si fuera una consulta. El precio variaba entre $350 y $500, dependiendo de la cantidad de días. Nunca ingresé al domicilio donde lo retiraba, pero hasta el día de hoy sigo pensando que se trataba de un médico al que yo le decía lo que tenía y él me daba el certificado”, confió la agente acusada por defraudación y falsificación de documento.

“Los cuatro que compré fueron porque me pasaba algo personal en ese momento, pero yo desde el principio negué haberlos hecho. Si bien yo pagué por esos cuatro certificados, yo no los fabriqué ni escribí ningún certificado médico”, reiteró la joven, acusada de confeccionar los certificados truchos que utilizaban sus compañeros.

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-> Hay unos 20 que podrían zafar

Si bien la fiscalía mantiene las acusaciones para los 35 policías, varios abogados defensores buscan una salida alternativa al conflicto porque, en caso de ser declarados responsables penales, la fuerza debería exonerarlos por reglamento.

Para ello, los que utilizaron entre uno y dos certificados truchos (unos 20 efectivos), a sabiendas de que cometían delito, quieren ver si acuerdan una suspensión de juicio a prueba.

Esa salida les da la posibilidad de no quedar con antecedentes penales y les permitiría seguir trabajando en la Policía, donde internamente recibirán algún tipo de sanción.

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