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La comisión de admisibilidad de jurado de enjuiciamiento, entendió que la fiscal Mariana Córdoba, denunciada por maltratar a víctimas de abuso sexual, no cometió un delito, como tampoco su accionar se configura como mal desempeño al punto que amerite la suspensión o su remoción, por lo que la causa no irá a Jury.

Pero sí observaron que hay una falta de empatía de Córdoba hacia las víctimas, lo que podría configurar una falta administrativa y ahora el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) podría hacerle un llamado de atención por el trato que tiene con las víctimas y la necesidad de que incorpore la perspectiva de género en su desempeño cotidiano.

La decisión fue tomada ayer por los tres integrantes de la comisión, la vocal del TSJ Soledad Gennari, el diputado Pablo Bongiovani y el abogado de la matrícula Rubén Pablo Acasaso, quienes firmaron el acta 93.

A principios de julio, la presidenta de la Asociación Madres que Rompen el Silencio, Gabriela Procopio, había presentado las denuncias donde las víctimas daban cuenta del destrato que les propinaba Córdoba, llegando incluso una de ellas a contar que le cuestionó que no le haya mordido el pene a su agresor cuando la obligó a practicarle sexo oral.

Así fue que la asociación llevó nueve denuncias al TSJ, donde su presidente Germán Busamia las recibió y le dio intervención a la comisión de admisibilidad para que determinara si el caso ameritaba ir a un jury.

La comisión se reunió, leyó las denuncias de las víctimas y también el descargo de la fiscal donde explicó que en la mayoría de los casos intervino el fiscal en jefe y detalló algunas circunstancias particulares de esos legajos.

“No queremos concluir esta presentación, sin destacar la falta de seriedad de la denunciante en relación a la documentación que presenta, que parecen más un collage construido con fragmentos de fotocopias, sin firmas y otro atributo que le de autenticidad, que no hace otra cosa que respaldar la temeridad de su denuncia”, dice Córdoba en el descargo y además solicita se multe a Procopio.

Para la comisión, “no puede afirmarse que la asociación haya articulado la presente denuncia con malicia o arbitrariedad”, sino haciendo uso del derecho a solicitar a las autoridades una actividad concreta con la garantía de no sufrir por ello penalidad alguna.

En concreto, sobre el análisis que se hace de la denuncia, "no surge que la Dra. Mariana Córdoba haya incurrido en la causal de destitución por mal desempeño”, afirman en el acta.

Además, señalan que de haber existido disconformidad con las decisiones aportadas por la fiscalía se debió haber impugnado ante el órgano competente y hasta tenían la posibilidad de poner un querellante para solicitar la revisión ante un juez.

No obstante, los integrantes de la comisión de admisibilidad, dan cuenta que "se le imputa a la fiscal una ausencia de “empatía” o de “humanidad” en el trato de las víctimas -circunstancias negadas por la funcionaria- y lo cierto es que -aún tomando como cierta dicha afirmación- ello no puede erigirse en una causal de mal desempeño”.

“De las actuaciones en autos se permite vislumbrar las dificultades e inseguridades a las que se hallan expuestas las personas víctimas de delitos sexuales. Las traumáticas circunstancias del delito en las que son víctimas sólo pueden hacer reflexionar a los operadores judiciales sobre la necesidad de extremar los cuidados en la atención a las víctimas. Estamos ante un hecho que pudo haber generado incomodidad a las víctimas pero no revestiría ninguna transgresión a la normativa aplicable”, reza el texto.

La comisión advierte que no pueden dejar pasar por alto la forma en que la fiscal se dirige a las víctimas, “por lo cual la fiscal debería dirigir su manera de actuar de tal manera que incorpore esta perspectiva de género en su quehacer diario”. Por este motivo, ahora el TSJ deberá analizar el actuar de la fiscal y podría hacerle un llamado de atención.

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