Ley de Alquileres: las opciones oficialistas para mejorar condiciones

Esta semana, el oficialismo presentó varios proyectos para modificar la actual Ley de Alquileres, vigente desde junio de 2020 y que desde entonces viene provocando que cada vez haya menos propiedades en alquiler.

La idea de uno de esos proyectos, presentado por el diputado sanjuanino del Frente de Todos (FDT) José Luis Gioja, busca “mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos y otorgar beneficios tributarios a los propietarios que alquilen sus inmuebles, como la desgravación de Bienes Personales”.

La iniciativa incluye un plan para la construcción y compra de inmuebles por parte del Estado y las provincias para que puedan gestionarse públicamente alquileres sociales, algo que debería ofrecer precios más bajos a los inquilinos. Y se ordena al Consejo Nacional de la Vivienda elaborar un modelo para gravar a los inmuebles vacíos.

Sobre los precios, cuando se renueve el contrato el precio tendrá como tope un 10% adicional al ajuste anual previsto por la actual ley, mientras que el precio inicial tendrá como tope un 20% adicional al ajuste anual previsto. Para conocer los valores anteriores a los que estuvo alquilada una propiedad y poder establecer el tope, la AFIP publicará un registro de los últimos cinco años de contratos de locación. Este registro será de libre acceso y consignará el domicilio del inmueble, la fecha de entrada en vigencia del contrato y precio de alquiler inicial.

Para los propietarios, los montos que facturen por los alquileres podrán deducirse del componente impositivo del Monotributo, y los inmuebles en alquiler estarán exentos de Bienes Personales por cada año de contrato (hasta un máximo de 15 períodos fiscales).

Otro de los proyectos oficialistas, presentado por la diputada porteña del FDT Gisela Marziotta, "prohibirá que el locatario pida el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes y que los depósitos de garantía sean más elevados que el valor de alquiler mensual".

También establece la suspensión de los aumentos en los alquileres hasta que entre en vigencia la nueva ley y desde entonces las modificaciones en los precios se regularían a través de una futura Cámara Nacional de Alquileres (CNA). Este organismo estará integrado por dos representantes del Ejecutivo (del Ministerio de Desarrollo Territorial y de la Secretaría de Comercio), uno de los locatarios y otro de los locadores.

El proyecto establece además que los depósitos podrán ser pagados en seis cuotas iguales desde la firma del contrato, y que si el locador no responde al pedido de renovación del contrato del locatario esto se hará automáticamente por el plazo previo.

Recientemente, luego que el Gobierno anunciara su intención de modificar la fracasada Ley de Alquileres, hubo una nueva reunión entre propietarios, inquilinos y el sector inmobiliario para acercar posiciones que terminó sin acuerdos.

Según fuentes oficiales, la reunión hecha en la Secretaría de Comercio Interior tuvo momentos acalorados y finalmente se decidió disolver la mesa a nivel nacional, pero se propuso continuar las negociaciones en cada distrito.